Los datos y las situaciones planteadas preocupan. Hay salarios docentes que pierden poder adquisitivo, escuelas con problemas de infraestructura, falta de personal, dificultades en el funcionamiento cotidiano y una creciente sobrecarga sobre docentes y equipos directivos.
El presupuesto no es solamente una previsión de gastos: expresa las prioridades de un gobierno. Y lo que vemos es que las partidas destinadas a educación no dan respuesta a las necesidades del sistema ni acompañan las demandas de las comunidades educativas.
Defender la educación pública implica garantizar recursos, infraestructura adecuada, condiciones dignas de trabajo y políticas que fortalezcan la formación docente. No podemos naturalizar que el Estado se retire de responsabilidades que le son propias.
Vamos a seguir escuchando a la comunidad educativa y trabajando desde la Legislatura para que la educación vuelva a ocupar el lugar prioritario que merece en Entre Ríos.
