En un mensaje dirigido «a cada argentina y argentino», la ex jefa de Estado denunció la vulneración de sus garantías constitucionales, sumó letrados internacionales y llevó su reclamo al organismo multilateral.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció formalmente el inicio de una nueva etapa en su estrategia judicial tras la sentencia en la causa «Vialidad» que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Mediante una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, la exmandataria confirmó que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para someter el accionar de los tribunales locales al escrutinio internacional. En su texto, enfatizó que la condena busca de manera principal su proscripción política y denunció la subsistencia de un «machismo estructural» dentro del sistema judicial argentino: «Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas!.
Para llevar adelante la presentación ante el organismo multilateral con sede en Ginebra, la ex jefa de Estado oficializó la incorporación de dos juristas de trayectoria internacional a su equipo de defensa: el abogado español Javier Borrego —exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— y el académico brasileño Rafael Valim, especialista en lawfare y derecho administrativo. Ambos letrados tendrán a su cargo la articulación de los reclamos por violaciones al debido proceso, las garantías de imparcialidad y el ejercicio de los derechos políticos, dando continuidad a los señalamientos formulados en 2022 por un colectivo de juristas internacionales coordinado por Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón.
En el escrito, CFK encuadró el proceso judicial que culminó en su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dentro de una dinámica regional y global de utilización del sistema penal para neutralizar liderazgos populares. Según expuso, la sanción privativa de la libertad funciona de forma accesoria respecto del verdadero objetivo institucional, que consiste en obturar la representación electoral de un sector del electorado. Asimismo, vinculó la intensidad de la persecución judicial y la estigmatización mediática con la violencia política que antecedió al intento de magnicidio perpetrado en su contra el 1 de septiembre de 2022.
El planteo internacional buscará revisar la actuación de cada uno de los magistrados e integrantes del Ministerio Público que intervinieron en la causa Vialidad a la luz de los tratados y convenciones suscriptos por la República Argentina. De acuerdo con la argumentación volcada en la misiva, el recurso ante el sistema universal de protección de derechos humanos se activa cuando los mecanismos jurisdiccionales internos dejan de garantizar la tutela efectiva frente a los abusos del poder estatal, lo que obliga a someter los fallos locales a los estándares de imparcialidad e independencia que rigen en el plano internacional.
Hacia el cierre del documento, la expresidenta dirigió un mensaje a su base electoral en el que ratificó que mantendrá la vía legal para acreditar su inocencia y rechazó responder con violencia ante los fallos adversos. Bajo la premisa de que «ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular», Cristina concluyó la misiva con un llamado a la construcción colectiva y la defensa de la institucionalidad democrática, asegurando que la verdad sobre las irregularidades del proceso terminará imponiéndose tanto en los tribunales internacionales como en la memoria histórica del país.
(fuente: https://www.tiempoar.com.ar/)
