Algunas reflexiones sobre Peronismo, ecología, Estado y Proyecto Nacional

Por  Luis Alejo “Toto” Balestri. – 

En los últimos días se comenzó a dar un debate alrededor de la llamada Ley de Glaciares que el presidente destructor pretende derogar para el beneficio de pocos y, probablemente, en perjuicio de muchos avalada solo por la codicia de algunos capitalistas.
Escuchar algunas posturas sobre el tema me trajo recuerdos de mis tiempos como asesor de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. En tiempos posteriores al 2010 habíamos elaborado en un ámbito compartido con representantes provinciales reconocido como Consejo Federal de Planificación un proyecto de ley que apuntaba a institucionalizar y obligar a realizar un ordenamiento de los territorios de acuerdo a sus aptitudes ecológicas y productivas. A partir de un primer borrador se decidió abrirlo al debate para lo cual se realizaron varios encuentros en diversas provincias para discutir y validar sus propuestas.

En una de las reuniones que se realizó en Jujuy fuimos recibidos por el entonces gobernador Fellner quien nos expresó sus dudas sobre el anteproyecto porque estaba fundado en los famosos “presupuestos mínimos” previstos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese texto, en su tercer párrafo indica “corresponde a la Nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas”.

Para ejemplificar sus dudas sobre nuestro proyecto de ley puso como ejemplo la controvertida ley de protección de los glaciares que a su entender impedía actividades para el desarrollo provincial sin compensación. Esa actitud del gobernante de nuestra provincia más nórdica pudimos confirmar que era compartida por todos los gobernadores andinos, y me animaría a decir, de parte de sus pueblos.

No voy a opinar sobre el contenido de la ley que fue muy controvertido porque no tengo conocimiento específico sobre esto. Pero si levanta bastante oposición es una señal que la ley no es del todo buena. Pero si aún esto fuera así, su derogación sin ninguna regulación que la reemplace es demasiado grave y peligrosa para las generaciones futuras pues desde los glaciares surgen las principales fuentes hídricas y el agua es imprescindible para la vida.

El recuerdo de esta anécdota me lleva a pensar en la necesidad de no asumir actitudes inflexibles en temas demasiados complejos donde una decisión exige una diversidad de miradas y el acuerdo previo de algún tipo de principios que marquen prioridades al hacerlo. Somos una Nación que por presiones externas y claudicaciones internas no hemos logrado un desarrollo razonable y necesitamos crecer y crear trabajo pero también es necesario analizar que las consecuencias de las intervenciones productivas garanticen la continuidad de las fuentes.

Pero además del recuerdo, existió otro disparador de esta reflexión un poco desordeada. Antes de ayer leí un muy buen artículo del compañero Oscar Balestieri que tituló “El Peronismo y la Ecología”. El querido Pato nos recordó que Perón fue el un “adelantado en temas de protección ambiental”, y como hecho concreto en tal sentido contó que en su último gobierno creó, por primera vez, la Secretaría de Ambiente poniendo al frente de la misma a Yolanda Ortiz, una enorme especialista en temas ecológicos y que fue la mismo que llevó la carta a los “Pueblos y las Naciones del Mundo”, esa misiva que Perón envió a la primer cumbre climática realizada en Estocolmo en 1972. Recomiendo volver a leerla pues el gran General estaba profetizando los tiempos actuales.

El compañero Balestieri recordó que la brillante iniciativa del Conductor se perdió en la nebulosa de la historia entre la gestión de Isabel, cuyo gobierno ya había sido infiltrado por el neoliberalismo (recordemos a Rodrigo, Di Tella, Ricardo Zinn) y la dictadura genocida. Después nos recuerda que los peronistas, con la recuperación de la democracia no hemos encontrado la ubicación correcta y deambulamos tomando las causas de minorías, de marginados o de los excluidos, tratando de rescatar lo mejor del pensamiento humanista del peronismo; pero que muchas veces la defensa de las partes nos hace perder la defensa del todo. Resalta que “es una virtud del político, alinear las cuestiones de interés particular con el interés de la patria, de la sociedad toda”. No avanzaré con la defección de nuestros dirigentes pues ya lo hice en otras oportunidades. Este es otro punto donde los pejotistas no han estado a la altura de las exigencias del peronismo. Fundados en un pragmatismo que es una traducción equivocada de algunos dichos de Perón.

En este sentido estoy convencido que la contradicción entre ecología y economía y la carencia de soluciones a la necesidad de producir y desarrollarnos y de crear trabajo implica el mantenimiento de recursos tan valiosos como el agua en este caso y que compatibilizar ambos objetivos puede ser posible. La incapacidad que hemos demostrado hasta ahora considero que es producto de nuestra crisis democrática y de nuestra pérdida de soberanía cultural, ese deterioro del “ser nacional” en que nos sumió la constitución que emergió del llamado pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín.

Referido a la Constitución que hoy nos rige también recuerdo que hace unos cuantos años escuche decir a Carlos Negri que no era una casualidad que la del 94 sea la inversa de la constitución del 49. La inversión de las cifras indica la inversión de sus contenidos pues la constitución social del 49 se transformó en la constitución liberal del 49. La prueba es que la constitución peronista del 49 declaraba que los recursos naturales eran una propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, previendo la participación en su producido por las provincias; mientras que la Constitución del 94 descentraliza esos recursos y los transfiere a propiedad de las provincias sin ningún tipo de restricción en cuanto a su posibilidad de transferir o conceder.

Esa constitución del 94 de la cual los Kirchner y todos los gobernadores peronistas que había en 1994 es producto de nuestra desubicación como peronistas, al decir de Balestieri; y es una hechura a la medida de la confederación de Pejotas provinciales en que se transformó nuestro Movimiento desde la reorganización posterior a la dictadura genocida.

Para quienes gobernaban en aquel entonces la transferencia de la propiedad de los recursos fue un logro pues su propuesta se agota en “defender a la provincia”. También fue considerada como un logro para el ya decadente alfonsinismo que, como algo típico del radicalismo solo se ocupó se meter algunos aspectos formales en su texto, tales como sumar un tercer senador por provincia para poder tener más cargos y legislar la figura decorativa del Jefe de Gabinete de Ministros pues como se pudo ver en la continuidad de gobiernos que hubo desde entonces la figura gobernante es el presidente y cada vez somos más presidencialistas y el Jefe cada vez más desdibujada.

Pero además de la complicidad de los partidos provincialistas identificados como pejotas y del radicalismo venido a menos, esa reforma fue producto de los tiempos de relaciones carnales con quienes se sienten los dueños de toda la América.

Éramos por entonces en todo el mundo, el principal país donde se aplicaba a rajacincha el protocolo de la globalización hoy fenecida. Este protocolo, conocido como Consenso de Washington disponía 4 medidas centrales que nosotros cumplimos todas y, a veces con aplausos de compañeros): 1) liberalizar el comercio exterior y la circulación de los capitales, 2) desregular los mercados y dejar de lado todo atisbo de intervención en su asignación de recursos; 3) Privatizar toda las empresas públicas y concesionar los servicios basado en el mito de la mayor eficiencia privada; y 4) descentralizar los estados nacionales. Lo cumplimos todo. En el último aspecto recuerdo que se descentralizaron las escuelas nacionales y alguna otra repartición. Pero lo más grave es que se desguazó empresas señeras como Agua y Energía y Obras Sanitarias de la Nación. De ese desguace, cada parte se pasó a las provincias donde estaban las instalaciones. Nunca contemplaron las economías de escalas que implicaban ese tipo de estructuras y la formación de técnicos muy competentes tanto en lo energético como en los servicios sanitarios.

En ese contexto el punto culminante fue la transferencia de los recursos naturales. Debo reconocer que los redactores del texto tuvieron el cuidado de justificar la decisión reconociendo el dominio originario de las provincias sobre esos recursos. Ese dominio es real, recordemos como se levantó Facundo Quiroga cuando los porteños con Rivadavia a la cabeza quisieron vender la mina de plata de su provincia.

Pero el contexto del siglo XX era otro y ese reconocimiento sin ningún “presupuesto mínimo” en la misma norma era lo buscado por el capital financiero internacional quienes sostienen que es más fácil negociar con un gobernador o con un intendente que con un Presidente. Esto, sin tomar en cuenta la actitud de cada negociador pues algunos gobernadores nos han demostrado principios al hacerlo, mientras que otros, en un oportunismo total, están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr algunos recursos para su gobierno y su reelección.

En los 90, la prédica de los tanques de idea liberales (los únicos que quedaban) y de los medios masivos impuso el tiempo de lo “local”. Para nosotros, esa prédica alcanzó a lo provincial. Recuerdo que hasta se inventó la palabra “glocal” para tratar de explicar que en ese mundo solo cabía lo global y lo local.

Desde esa perspectiva de que lo único que había era la globalización y no tenía sentido oponerse, el problema del desarrollo dejó de ser nacional y también pasó a ser local. Se pusieron de moda planes locales que en su elaboración casi ni contemplan que estaban planificando para un territorio o una jurisdicción contenida en otra mayor, que inevitablemente iba a tener repercusiones. Solo se buscaban ventajas competitivas que pudieran presentarse globalmente y se estimulaba la competencia entre los intendentes, al punto que el IEERAL dependiente de la Fundación Mediterránea publicaba un índice de atracción de capitales. El tema merece un análisis mayor pero recuerdo que Paul Krugman consideró esa postura como “una obsesión peligrosa” que significaba entrar en una espiral descendente de las capacidades públicas que redunda en la captura de la política por los capitales.

Pero el país casi confederal que creó la Constitución del 94 tuvo una omisión o quizás un error o quizás una imposición. Se descentralizó todo menos los mangos. Los recursos monetarios que necesita un Estado para funcionar no se modificaron y quedó pendiente a una futura ley que hasta hoy no llegó y que será muy difícil de acordar.

El régimen tributario de la constitución devino muy complejo. Como la constitución del 53 prevé que las rentas de aduana son nacionales con exclusividad. Pero separándose de aquella norma se reglamentó que los impuestos indirectos son concurrentes con las provincias, creado un ámbito donde cada jurisdicción puede cobrar este tipo de impuestos generando superposiciones tributarias (por ejemplo el IVA nacional con los ingresos brutos provinciales).

Pero la complejidad no termina allí, porque después se le reconoce a la Nación la posibilidad de establecer impuestos directos, que deberá ser por tiempo determinado y siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. O sea, los impuestos principales solo los cobra la Nación y reparte entre las provincias mediante una ley de coparticipación.

¿Hablé de omisión? Pues no. Hoy con el diario del lunes podemos ver que este régimen posilemente fue sugerido desde el norte, desde los capitales financieros interesados en los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los gobernadores son dueños de los bienes ambientales pero tienen que venir a Buenos Aires a mendigar algún peso para pagar los sueldos de sus empleados. La situación es clara porque esta escasez de participación en la recaudación reafirma la situación de debilidad al negociar la entrega del patrimonio ambiental. A su vez, como lo podemos ver en el Congreso actual, esa debilidad produce el marco dentro del cual se da la compra de votos de diputados mediante las famosas valijas voladoras como las que le encontraron al senador entrerriano.

Un ejemplo para ver como se operó con los impuestos directos que siempre fueron facultades provinciales es el del impuesto a las ganancias. Fue después de la crisis del 30 que por excepción y dada la emergencia se aprobó la ley de impuestos de los réditos (así se llamaba en aquel entonces) y todavía lo cobra la Nación. Larga la emergencia, casi por cumplir 100 años. Aunque en verdad, es posible que sea más razonable el cobro por la Nación y su reparto entre las provincias.

Para ir cerrando, esa constitución sancionada en el 94 puso de manifiesto, transparentó, la falta de un proyecto político nacional que aun hoy nos sigue faltando. Si no tenemos una “cruz del sur” que nos guíe en nuestro deambular por la historia, lo que surgen son proyectos provinciales con una fuerte tendencia a la disgregación. Ya hemos escuchado a gobernadores plantear la secesión si no escuchan sus reclamos y si bien no quiero caer en conspiracionismos, algunos hablan de proyectos separatistas vinculados al sionismo y a algunos vecinos.

Además, la carencia del proyecto nacional también trajo una fragmentación de la sociedad argentina y el surgimiento de diversos grupos en lo que fue el gran Movimiento de Liberación. Esa fragmentación y la carencia de la Cruz del Sur que nos guíe originaron un modo de hacer política desde una mirada egoísta y sectaria. Para llegar al gobierno se arman alianzas que no implican acuerdos programáticos sino solo su acceso. Esas alianzas reparten los cargos políticos de funcionarios que debe tener alguna formación para desempeñar una función no por esos saberes sino por la pertenencia a grupos. La continuidad de las políticas afecta la organización del Estado Nacional (y muchos provinciales también).

Casi me animaría a decir que las reparticiones públicas funcionan por inercia, por una burocracia (en el buen sentido de la palabra) que por rutina sigue haciendo las cosas. Es evidente que la falta de acuerdos y políticas conjuntas mínimas hacen que cada funcionario vaya por su lado, que no exista colaboración entre áreas complementarias y que todo termine en compartimientos estancos, lo que anarquiza y vuelve ineficiente la gestión. Pensar esto me causa algo de risa pues con el Estado funcionando de ese modo pretendimos ganar una elección hablando de “un Estado Presente”, un Estado que da muy pocas respuestas. Cierro esta última reflexión sosteniendo que he conocido funcionarios políticos con las capacidades para el cargo designado, pero que en el fondo son la excepción de confirma la regla. Aún con ellos los compartimientos estancos y los recelos son casa de todos los días.

Pero si aún no existiese esta realidad compleja, de estas fallas de la política, tampoco tendríamos garantías que el funcionamiento del Estado sea lo que nuestra comunidad necesita. Es así porque la organización de nuestro Estado sigue estando inspirada por una lógica positivista típica de fines del siglo XIX cuando se organizó por primera vez. Ya se perdieron en la historia los esfuerzos del primer peronismo que llevó adelante una fuerte capacitación de los empleados públicos buscando respuestas adecuadas. Las contrarrevoluciones volvieron a las respuestas especializadas por áreas temáticas. Esa lógica no entiende que muchas veces las acciones de un área repercuten en otras y que llevar adelante esas políticas requería previamente la coordinación.

Hubo algunos intentos de buscar esas instancias y en ese sentido recuerdo al Consejo de Políticas Sociales creado en tiempos del Presidente Duhalde y que continuó durante el primer kirchnerismo, desdibujándose de a poco por competencia entre áreas.
En mis tiempos de funcionario público, de donde viene el recuerdo con que comencé la nota, me desempeñaba en el área que intentaba planificar el territorio, pero los aspectos ambientales eran cometido de otra área y los temas hídricos de una tercera. Una cosa inaudita, como si el agua no corriera por un territorio y en su ciclo no afectar el ambiente y como si el ambiente y el territorio fueran cosas separadas.

Y acoto aquí el escrito. Solo algunas reflexiones que se dispararon desde el problema de los glaciares y la nota del Pato Balestieri.

La conclusión es simple, si alguna vez nos toca volver a gobernar no podemos repetir las experiencias de repartir por grupos políticos.

Deben ser persona con capacidad en las competencias de cada área y con una instrucción política clara hacia dónde vamos de parte de quien ejerza el gobierno.

No podemos volver a actuar como Alberto que se puso a pensar que hacer al día siguiente de asumir. Y en esto quiero ser claro. Es necesario que volvamos a pensar en la organización de un proyecto nacional. Quizás el libro póstumo de Perón puede servir pues muchas de sus propuestas siguen estando vigentes.

Pero además me parece oportuno para su discusión conocer los distintos proyecto nacionales que existieron en nuestro país desde el los primeros habitantes yas el último proyecto nacional que fue el de la Justicia Social. Al respecto recomiendo como base de debate un trabajo ciclópeo que dirigido por el compañero y amigo José Luis Di Lorenzo, tomando como base algunas ideas de Gustavo Cirigliano, organizaron un equipo que recopiló los distintos proyectos.

El cierre de esa obra genial que se llamó el “Proyecto Umbral” es un capítulo dedicado al “antiproyecto de la sumisión incondicionada al norte imperial” escrito por Armando Poratti. Y esta claro que hoy estamos en situación de desventaja pues quienes participan del antiproyecto tienen claro que deben hacer cuando gobiernan. Para no irme en la historia, recordemos que en un mes, tanto Macri como Milei destrozaron los que nos había dado tanto trabajo reconstruir.