Por Juan Martín Garay. –
Mientras ayer asumía formalmente el nuevo rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Juan Manuel Arbelo, con un mensaje orientado a la continuidad y al crecimiento académico, presupuestario y científico, el Gobierno nacional volvió a dar una señal exactamente opuesta: profundizar el recorte sobre las universidades públicas.
La UNER aparece entre las universidades más perjudicadas por la última decisión administrativa del presidente Javier Milei. Según se conoció, la institución sufrió una quita de 540 millones de pesos en partidas destinadas a infraestructura. No es un número abstracto: son obras frenadas, edificios sin terminar, laboratorios demorados, aulas que no se amplían y mejores condiciones de estudio que quedan postergadas.
Pero el golpe no termina allí. La misma medida implicó un recorte superior a 78 mil millones de pesos en el área educativa, afectando programas estratégicos, becas, equipamiento y transferencias vinculadas al sistema universitario. Es decir, no estamos ante un ajuste puntual: estamos frente a una política deliberada de achicamiento del Estado en uno de los sectores más sensibles para cualquier nación que pretenda desarrollarse.
En el caso de Entre Ríos, la gravedad es mayor. La UNER no es una universidad concentrada en una gran capital. Es una universidad federal, desplegada en distintas ciudades, que garantiza acceso a miles de jóvenes del interior. Y además tiene en Concepción del Uruguay el asiento de su Rectorado y una parte esencial de su historia institucional. Cada peso que se le quita impacta también en nuestra ciudad, en su movimiento económico, en su vida cultural y en sus oportunidades.
Por eso la Marcha Federal Universitaria de hoy no es solo una protesta gremial o estudiantil. Es la reacción de una sociedad que entiende que la universidad pública no es un privilegio, sino una herramienta de igualdad. Allí se forman profesionales, se produce conocimiento, se investiga, se generan respuestas para el sistema productivo y se abren puertas para miles de familias trabajadoras.
Se puede discutir eficiencia, prioridades y administración. Lo que no se puede hacer es disfrazar de racionalidad un recorte que termina castigando a quienes estudian, enseñan e investigan. Cuando se desfinancia la universidad, no se ordenan las cuentas: se desordena el porvenir.
Y si la Argentina renuncia a su universidad pública, no estará ahorrando dinero. Estará perdiendo futuro, porque la única oportunidad de liberación que tienen las personas es mediante la educación.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay
