La secretaria General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Paraná, Cristina Miño, afirmó que «este gobierno ajustador es criminal», acusando a la gestión provincial de desmantelar derechos laborales y educativos. La medida es rotundamente desmentida por el gobierno, que habla de «refuncionalización».
A principios de este mes, Agmer a nivel provincial denunció el cierre de 60 Centros Educativos distribuidos en Concordia, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Villaguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Colón por parte del Consejo General de Educación (CGE).
El reclamo de los docentes fue acompañado por el bloque justicialista de la Cámara de Diputados y la agrupación UCR Activa.
Miño manifestó que el gremio se encuentra en estado de alerta y calificó al cierre como «arbitrario» y nombró que en la capital provincial son de cuatro centros afectados, cuyo cese de actividades está previsto para el 30 de junio. Aseguró que se trata de un “ajuste criminal”.
Además la gremialista criticó duramente al gobierno por «quitar el derecho laboral a los trabajadores en cuestión de días» y por afectar a «chicos integrados» que asisten a estas instituciones.
La dirigente defendió con vehemencia los derechos de los docentes suplentes, argumentando que, a pesar de no tener estabilidad de titularidad, el gobierno no tiene derecho a remover la estabilidad de sus suplencias, que se han mantenido por años con alumnos en proceso de aprendizaje.
Frente a las denuncias de Agmer y diversas publicaciones, el director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), Alfredo Blochinger, salió a aclarar la situación a través de un comunicado.
Blochinger negó enfáticamente que exista «ninguna resolución ni disposición oficial que ordene el cierre de centros educativos». Explicó que las versiones se basan en una «interpretación errónea y parcial de una circular interna» cuyo único propósito era la «actualización de datos institucionales, matrícula y funcionamiento de los centros» en el sistema SAGE, debido a información desactualizada, baja o nula matrícula en algunos centros, e incluso situaciones de «suplencia de suplencia» sin estudiantes activos.
El funcionario aseguró que el objetivo del CGE es «fortalecer esas instituciones, optimizar los recursos existentes y asegurar que allí donde exista una necesidad educativa, haya una respuesta efectiva del Estado».
Afirmó el compromiso con el derecho a la educación y a la alfabetización básica, así como con el trabajo digno de los docentes, pero enfatizó la necesidad de eficiencia en el uso de los recursos públicos, señalando que «no puede sostenerse la existencia de un maestro para un solo alumno o de aulas vacías».
(fuente: https://www.elentrerios.com/)
