Desde el 22 de abril de 1985 los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, escucharon los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura.
La sociedad argentina asistía hace 35 años a un proceso judicial inédito en la historia del mundo, en el cual los integrantes de las juntas militares que aplicaron el terrorismo de Estado entre 1976 y 1982 fueron sentados en el banquillo de los acusados, en el contexto de una democracia que intentaba consolidarse en medio de amenazas golpistas y crisis económica.
A partir del 22 de abril 1985 y hasta diciembre de ese año, los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, escucharon los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del plan sistemático que se desarrolló en Argentina, en el marco de un debate oral y público denominado como el Juicio a las Juntas.
A poco de asumir, el presidente Raúl Alfonsín ordenó mediante la sanción del decreto 158 el procesamiento de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
En principio, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas abrió una investigación que no produjo ningún resultado y, en consecuencia, a mediados de 1984, la Cámara Federal tomó la causa y procesó al general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Massera y al brigadier Orlando Ramón Agosti, quienes conformaron la primera junta militar.
También resultaron acusados Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna, de la segunda; y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, responsables de la tercera.
En el inicio de las audiencias, los medios gráficos y radiales comenzaron a organizar sus coberturas, en tanto que la prohibición de televisar en directo el debate determinó que los canales se limitaran a entregar resúmenes de los principales testimonios ofrecidos.
«Era un joven periodista que trabajaba en el diario Clarín, y mi jefe de entonces, Joaquín Morales Solá, me dio la tarea de cubrir el juicio. ‘Tenés que informar, pero sin opinar’, me dijo. Debía limitarme a contar en un estilo neutro, evitando adjetivaciones y comentarios. Se me hizo difícil, porque mi intención era tomar partido por las víctimas», recordó en diálogo con Télam Pablo Llonto, periodista que cubrió esas históricas jornadas.
En 2015, Llonto, hoy abogado querellante en varias causas de lesa humanidad, publicó el libro «El Juicio que no se vio», en el que repasa todas esas historias que entonces no trascendieron, entre otras razones porque «no pudieron verse por televisión debido a las presiones que los militares ejercieron en ese sentido».
«Quise poner el énfasis en contar las historias que atravesaron los testigos de ese juicio. Ellos declararon cuando muchos de los genocidas estaban en libertad y gozaban de poder dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Los declarantes, sobrevivientes que habían padecido el horror y la tortura en primera persona, llegaban por su cuenta y se iban muy tarde, después de jornadas extenuantes, que arrancaban a las 15 y a veces terminaban a la madrugada», señaló.
El comienzo de las audiencias despertó una gran expectativa entre la ciudadanía, la dirigencia política y los trabajadores de prensa que iban a narrar las alternativas de este juicio.
Tal fue el caso de Miguel Sintas, que se desempeñaba en ese momento como redactor de la agencia Télam, y un día recibió la comunicación de que tomaría parte de la cobertura, cuando recién llevaba un año de trabajo en la redacción.
«Me convocó unos días antes el presidente de la agencia, Mario Monteverde, y me preguntó si me animaba a cubrirlo, le dije obviamente que sí. Sentía que estaba frente a una gran oportunidad en términos profesionales y cívicos», revive Sintas en una charla con esta agencia.
Sintas, quien había militado durante los años de la dictadura en organismos de derechos humanos, trabajó en el juicio junto al periodista Jorge Cubas, más curtido en el abordaje de los temas judiciales.
«A mí me marcó mucho la declaración de Adriana Calvo de Laborde, que fue detenida embarazada y tras ser obligada a parir en un Ford Falcon la obligaron a limpiarlo. Era una de las cosas más aterradoras que presencié en mi vida. La cara de los jueces, los fiscales, el público. Era muy fuerte asistir a lo que se había llegado a hacer durante la dictadura», rememora Sintas.
Llonto recordó el día que Jorge Luis Borges concurrió a una de las audiencias y presenció la declaración de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA.
«Siento que he salido del infierno, estos hechos, narrados por este hombre, que llegó a naturalizar la tortura no pueden quedar impunes», sentenció el escritor en un artículo que escribió para la agencia española EFE.
«Siempre se habla del coraje de Alfonsín en impulsar el juicio, de los camaristas y de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, pero los verdaderos héroes de aquel proceso fueron los testigos, que debían poner el cuerpo y recordar todo lo que vivieron. Ellos lograron que se hiciera Justicia», enfatizó el letrado, cuando se cumplen 35 años de aquel juicio.
La sentencia se emitió el 9 de diciembre e incluyó las condenas de Videla y Massera, a prisión perpetua, Viola recibió 17 años, Lambruschini ocho y Agosti cuatro, en tanto que el resto de los acusados quedaron absueltos.
«El día de la sentencia viví un gran alivio. Sentí que, a pesar de todos los condicionamientos que hubo, se había logrado algo histórico para el país y el mundo. Tuve la misma sensación cuando Strassera pronunció la frase «Nunca más» (título del informe de la Conadep) en su alegato», afirmó Sintas.
Fuente: Télam
Esta nota fue publicada por la revista La Ciudad el 22/4/2020