Hace apenas unas semanas estaba en $2.077. Luego pasó a $2.098. Después a $2.114. Hoy llegó a $2.199. La premium ya se ubica en $2.449, el diésel en $2.369 y el diésel premium alcanzó los $2.549.
Los precios ya no cambian mes a mes. Cambian casi semana a semana, a veces con apenas días de diferencia.
Y el problema no termina en el surtidor. Cada aumento del combustible impacta en el transporte, la logística, la producción y los precios que terminan pagando las familias. Todo se traslada. Todo aumenta.
Mientras tanto, los ingresos siguen corriendo desde atrás. Los salarios y las jubilaciones no acompañan una realidad donde cargar combustible, trasladarse o trabajar cuesta cada vez más.
Concepción del Uruguay no es la excepción. Lo que ocurre en nuestra ciudad refleja una situación que se repite en todo el país: aumentan los costos de vida, aumentan los servicios, aumentan los combustibles y el esfuerzo para llegar a fin de mes es cada vez mayor.
En la práctica, las decisiones económicas del Gobierno Nacional parecen recaer una y otra vez sobre los mismos sectores: trabajadores, jubilados, comerciantes, pequeños productores y familias de clase media. Son quienes absorben los aumentos, quienes resignan consumo y quienes deben reorganizar su economía cotidiana para afrontar costos cada vez más altos.
Por eso, más allá de los discursos, surge una pregunta inevitable: si el peso de los ajustes y de las medidas económicas termina recayendo sistemáticamente sobre la ciudadanía común, ¿no es acaso el propio pueblo quien está siendo tratado como la verdadera “casta”?
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
C. del Uruguay
