El titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca, precisó que si se privatizara la educación superior y se la arancelara como propone Javier Milei, el candidato presidencial más votado en las PASO, el costo anual para cada alumno «estaría en el orden del $1,5 o 2 millones».
“Nosotros como universidad tenemos que decir cosas y hacer mucha docencia en este sentido. Una de las cosas que tenemos que decir a los alumnos es que se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades», comenzó su explicación el funcionario universitario.
Y en ese sentido, fue contundente en ponerle números al costo que tendría para cada familia pagar la educación superior a sus hijos, que hoy es gratuita. «Tenemos que decirles que ese arancel hoy estaría en el orden del 1.500.000 o 2.000.000 de pesos el año», sostuvo.
«Es decir que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile», puso como ejemplo.
«Hay que decirle a aquellas personas que están pensando en jubilarse, que la propuesta es que vuelvan las AFJP. Nosotros ya las tuvimos en Argentina durante la época de Menem, cuando el 30% de lo que se aportaba, eran comisiones para la AFJP y que fracasaron estruendosamente en Chile», continuó su argumentación Roa.
Y concluyó: «Hay que decir que también ha anunciado propuestas de vouchers educativos para la educación primaria y secundaria, que generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores, que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir aquellas propuestas que son muy estrambóticas y peligrosas”.
En concreto, Milei no supo decir si el sistema de vouchers iría solo para la primaria y la secundaria, y en el caso de la educación superior sería una privatización directa, o si ese sistema de vouchers sería la opción para toda la educación.
Ese sistema de vouchers implica «subsidiar a la demanda», según sus términos. Esto es: todas las instituciones dejarían de recibir recursos públicos, o sea se volverían privadas, y en cambio se convertirían en «oferta» que debería «competir» por la demanda. El gobierno libertario le daría una tarjeta con dinero a ciertas personas que se elegiría, sin precisiones respecto de con qué criterios socioeconómicos.
Los beneficiarios de ese subsidio deberían ir con ese dinero a elegir a qué institución enviar a sus hijos. Está claro que sería el suficiente para las más baratas, es decir las peores. Llamativamente, las universidades argentinas mejor ubicadas en todos los rankings internacionales son públicas, como la UBA. Si el beneficiario del voucher, que se supone que lo recibió por no tener recursos, deseara ir a una institución mejor para la que no le alcance con el subsidio, debería utilizar su propio dinero.
Fuente: Política Argentina
