El Gobierno nacional ha declarado ‘piedra libre’ a las empresas celulósicas globales que ya poseen dos millones de hectáreas en la región para que instalen aquí sus plantas de celulosa, que son uno de los modelos de expoliación de los países del cono sur más salvajes del capitalismo industrial, porque significan concentración y enajenación de nuestra riqueza a nivel macro y además, la contaminación local masiva de aire tierra y acuíferos.
Quien inició esta nueva oleada de rendición incondicional a estos intereses fue el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, quien mintió en su discurso de toma del cargo que no permitiría que estos modelos se instalaran en la provincia para luego abrirles las puertas en forma indiscriminada con la derogación de la ley Nº 9.759, conocida como Ley de la Madera.
Ahora es el nuevo gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés quien toma la posta de los entregadores al saqueo y comienza a gestionar la instalación de plantas de celulosa en su provincia.
Saben del rechazo masivo de los votantes por estas iniciativas entonces ensayan frases hechas que a esta altura de la historia suenan a insulto: mienten sin ruborizarse las nuevas autoridades correntinas “El cuidado del medio ambiente fue uno de los temas principales que se profundizó en el mitin que tuvo lugar en el Ministerio de Agroindustria, es innegociable”.
Y suben la apuesta del discurso vacío de verdad al mezclar el concepto medioambiente con el de las hidrovías: “en la utilización de la hidrovía Paraguay-Paraná también se pondrá énfasis en la sustentabilidad y cuidado del medioambiente.”
Todos sabemos que las hidrovías -con las intervenciones de los ambientes naturales originarios que significan, por la destrucción masiva de humedales, la desaparición de los valles de inundación de los ríos afectados, la alteración de los flujos sedimentarios, las modificaciones dramáticas de los lechos de los ríos y del curso de sus aguas- sólo están pensadas para bajar los costos de transporte de estas megaempresas foráneas, interesadas en tomar nuestra producción primaria al menor costo posible para ellas y dejándonos los inconmensurables costos derivados de la destrucción de la naturaleza.
Lo más doloroso de todo es ver que estas iniciativas, claramente orientadas al saqueo de nuestros recursos naturales, son avaladas por nuestros legisladores, que en campaña mienten fidelidades a los reclamos populares para inmediatamente de asumir, proceder a negociar su apoyo a estas acciones, suscribiendo discursos mendaces como el que utilizaron cuando intentaron justificar la derogación de la 9.759 diciendo que sería reemplazada por un plan foresto industrial que nunca existió ni existirá, dado que el único plan que existe y se ejecuta a rajatabla, es el modelo ideado por los países del norte rico para llevarse nuestros recursos naturales, dejándonos la destrucción de nuestro territorio y nuestras posibilidades futuras.
Estas empresas no admiten porciones, quieren toda la torta, y en Uruguay exigieron y obtuvieron regímenes especiales impositivos que agravian los productores locales que soportan toda la carga fiscal de la que son exentas estas empresas que además de no pagar impuestos, destruyen la infraestructura vial o demandan, como en este caso, megaobras a nuestro costo, como las hidrovías.
Las excepciones impositivas deberían ser aprobadas por las legislaturas, que una vez más enfrentarían la disyuntiva de defender lo que juraron respetar o traicionar sus mandantes favoreciendo el interés extranjero.
Este es el escenario en el que se desarrollará en los próximos meses el drama de nuestra región. Por nuestra parte, como Fundavida, asumimos una vez más el compromiso de luchar sin claudicaciones contra este modelo de entrega y saqueo.
Por Fundavida Para EL ARGENTINO
(fuente: El Argentino)