Por Gustavo Sirota –
El incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario “no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes”, colocando a “las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa”. El documento del Consejo Interuniversitario Nacional señala la responsabilidad del gobierno de @JMilei en un conflicto que, más allá de los entretelones judiciales, busca desfinanciar el sistema universitario argentino.
La crisis actual tiene como punto de partida el inicio de la gestión libertaria. La decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 sin considerar la inflación de aquel año y el “51,6% acumulado en el primer trimestre” de 2024 fue una clara definición política de lo que vendría. Las transferencias a las universidades públicas “han caído el 46, 5 %” denuncia el CIN. A valores reales las partidas que “corresponden a gastos de funcionamiento” se ubican en marzo “en torno al 40 % de los valores de enero de 2023”, siendo en “términos reales el presupuesto universitario más bajo desde 1997” según un informe de la “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia”.
La cuestión salarial es uno de los eslabones más críticos. El Grupo EPC – Economía, Política y Ciencia – reseña que “Los salarios de las universidades nacionales cayeron en marzo por 17º mes consecutivo… se ubicaron por debajo de los valores de 2002, y requerirían un aumento del 50,7% para volver a valores de noviembre de 2023”. En el mismo sentido, un informe del CEPA registra “una caída del 41,2% si se tomara el IPC con la demorada actualización metodológica” desde el comienzo del gobierno libertario.
Los datos abruman. La Asociación Gremial Docente de la UBA señala el actual como “el peor registro histórico, 2,4% por debajo de los valores alcanzados en 2004… se necesitaría un incremento del 105% para recuperar el poder adquisitivo de 2015”. Esta drástica caída del salario ha llevado a “uno de cada cinco profesores” a trabajar “en plataformas como Uber, Rappi o en la venta directa de productos como Avon para cubrir sus gastos básicos” de acuerdo a lo relevado por una encuesta de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
El vaciamiento del sistema público no es casual. Es una política deliberada y que apunta a la destrucción del mismo. El Consejo Interuniversitario Nacional alerta que esto conlleva “el deterioro de su infraestructura, la depreciación y reducción de las becas estudiantiles, la escasez de insumos para la ciencia y la investigación y el colapso del sistema de hospitales universitarios a escala nacional”.
Los hospitales universitarios sirven para ejemplificar esta política de desfinanciamiento. El presupuesto asignado en 2026 para “los hospitales universitarios de todo el país es de $ 114.269 millones de pesos, una caída del 8,4% en términos reales respecto al año anterior”. En comparación, “el ejecutado en el primer cuatrimestre registra una caída real del 69,7% con respecto a igual periodo de 2025, y del 86,4%, en relación con 2023”.
Solo la red asistencial de la UBA, compuesta por seis centros de salud de alta complejidad, atiende anualmente cerca de 700 mil personas y cumple “funciones estratégicas tanto asistenciales como de formación de profesionales y desarrollo de investigación médica”. Muestra clara del impacto de las políticas de @JMilei en la vida cotidiana de millones de argentinas y argentinos.
El deliberado desfianciamiento del sistema universitario nacional desde diciembre de 2023 es elocuente. Según el “presupuesto efectivamente ejecutado, en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica” fue equivalente “al 38,05 % al de 2023”. De acuerdo al CIN el destinado al “fortalecimiento de la actividad de extensión se ubicó en apenas 1,02 %” y los “montos de las Becas Progresar” estuvieron en torno “al 26,02 % del nivel de 2023”. La peor parte la llevó el rubro “desarrollo de infraestructura” que ni siquiera fue ejecutado.
Los números grafican la situación que atraviesa el sector. La vice decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Valeria Levi, contaba en “Tiempo Argentino” que “en los últimos dos años y medio la Facultad perdió a 438 docentes, uno cada dos días”. El “Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e Innovación” da cuenta que “la planta total del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cayó de 75.057 a 68.730 puestos de trabajo desde que asumió @JMilei: una “destrucción de 7,7 puestos diarios”.
El sistema científico atraviesa desde 2024 “una crisis sin precedentes”. El financiamiento para el sector “no alcanza al 0,15% del PBI, el nivel más bajo en toda su historia”. El “Center for World University”, al elaborar su ranking global 2025, alertaba sobre “los recortes del gobierno… la mayoría de los países están priorizando el desarrollo de la educación y la ciencia, la Argentina corre el riesgo de quedar aún más rezagado en el acelerado panorama académico global”. Destino inevitable de un proyecto de país de “timba financiera”, economía primarizada y mano de obra barata.
El ajuste alcanza todos los eslabones de la comunidad universitaria. El importe mensual de la “Beca Progresar”, pensada como “política pública cuyo objetivo principal es reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el acceso, permanencia y egreso educativo de los jóvenes”, está desde 2024 congeladas en 35.000 pesos mensuales. Menos de 1.200 pesos por día, que no alcanza para comprar un alfajor.
Cuando hablamos del sistema universitario argentino no está de más agregar algunas cifras que ayudan a comprender la magnitud de la problemática y su crisis. Argentina cuenta con 132 instituciones de carácter universitario públicas y privadas, donde se dictan 2600 carreras de pre grado, 5679 de grado y 3871 post grados. En sus aulas cursan 2.730.754 estudiantes, 2.178.954 en Universidades públicas y 551.300 en privadas.
Según datos del “Centro de Estudios de la Educación Argentina” de la Universidad de Belgrano, Argentina cuenta con “564 estudiantes cada 10.000 habitantes”, por encima de los 461 de Brasil y 352 de Chile quienes lo siguen en matrícula superior en América del Sur. Desde 1983 ha multiplicado la cantidad de alumnos más de 7 veces, superando el crecimiento poblacional del país, y de acuerdo al Censo 2022 el 33, 8 % – unos 16 millones de personas – han accedido al nivel superior o universitario.
Breve repaso de algunas cuestiones sobre nuestra vapuleadas Universidades. Con sus falencias y limitaciones, grises y claroscuros, seguramente no son una maravilla de gestión. No escapan a las generales de la ley del país que vivimos. Lo que si resulta claro es que las políticas que lleva adelante el gobierno paleolibertario no persiguen mejorarlas ni hacerlas crecer.
Poniendo el cuerpo, empoderados, reencontrados, coincidiendo en la diversidad. Marcando la cancha en un tema sensible que atraviesa transversalmente la sociedad argentina la mayor parte de los argentinos /as seguimos sosteniendo y defendiendo la universidad pública, gratuita y laica, que al igual que la salud pública y la vigencia y respeto por los derechos humanos, son parte constitutiva de nuestro “adn” como país.
