Por Luis Alejo “ToTo” Balestri –
La Justicia Social es uno de los “principios inmanentes” que orienta la práctica política para la organización de una comunidad donde cada individuo pueda realizarse en el «nosotros» colectivo que también se realiza.
Desde los tiempos de su campaña presidencial y en reiteradas oportunidades durante su mandato, el mal hablador del presidente actual ha atacado el concepto de Justicia Social definiéndola, definiéndola como una “aberración” como algo que constituye una “envidia con retórica” o “una cuestión de ladrones”. Conociendo el origen católico del término, no dudó en atacar al Papa Francisco que ha hablado sobre el concepto, llegando a la barbaridad de definirlo como «el maligno en la tierra».
En coherencia con los disparates dichos, sostuvo que la Justicia Social implica un trato desigual ante la ley y que se financia mediante el robo, traducido en impuestos. Por eso considera que se trata de un mecanismo violento que quita a unos para dar a otros.
La verdad es que, después de tanto tiempo de escuchar estas estúpidas y malintencionadas mentiras, llama la atención que ningún dirigente —de los tantos que disputan el liderazgo en el peronismo— le haya respondido, afirmando las razones y la vigencia de la Justicia Social.
En los últimos tiempos he estado escarbando en los valores intrínsecos del peronismo que debían guiar nuestro accionar; y es a partir de estas reflexiones que algunos compañeros lectores me han pedido una reflexión sobre la naturaleza, el origen y las implicancias de ese postulado que forma parte de la incipiente ideología peronista (al decir del General en el Modelo Argentino).
Pues bien, sabiendo que la Justicia Social es nuestra bandera principal, porque es la base para avanzar hacia la Comunidad Organizada, debemos reconocer que no se trata de una creación puramente peronista, aunque hayamos sido nosotros los que definimos su impronta actual.
Podemos encontrar dos orígenes de la misma: uno que dio muchos argumentos para trabajarla, como es la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y, en menor medida, por el constitucionalismo social que se dio en América Latina, que tuvo como vanguardia la Revolución Mexicana.
Una clara definición del principio católico del “destino universal de los bienes”. Daría lugar a un escrito particular esa búsqueda, pero cerremos con otro ejemplo, en este caso de San Basilio, quien pensaba que “si cada uno se contentara con lo necesario y diera lo superfluo al necesitado, no habría ricos ni pobres”.
Ambos autores citados vivieron en el siglo IV. No se perdió el hilo de estas reflexiones, pero durante mucho tiempo fueron menos notorias. Pero esas semillas de inicios de la Edad Media fructificaron en el siglo XIX, en el marco de la primera revolución Industrial.
Aclaremos un poco el contexto. La revolución industrial fue un profundo cambio en las formas de producción del mundo conocido. Tuvo un largo proceso de incubación en Inglaterra desde mediados del siglo XVI, impulsado por un Estado que intervino en la economía, defendió el incipiente proceso de fabricación mediante aranceles y realizó una enorme actividad de relevamiento de los desarrollos tecnológicos que habían alcanzado los Países Bajos para transferirlos a las organizaciones inglesas. También fue Inglaterra la que creó el primer Banco Central, que se transformó en el único emisor de moneda y pudo orientar el crédito hacia ese proyecto industrial.
Toda esa incubación, bajo la insubordinación y el impulso estatal, se consolidó y tuvo su apogeo durante el siglo XVIII, cuando el desarrollo tecnológico hizo que los inventos se incorporaran al proceso productivo, potenciando de manera notoria la productividad. Aparte del salto tecnológico y la incorporación de una nueva fuente de energía (el motor a vapor), en ese tiempo también se consolidó la fábrica, con un modo diferente de producción basado en la división y especialización del trabajo que volvió a incrementar la productividad mucho más allá de la que habían alcanzado los talleres artesanales.
En ese contexto del poder ejercido por los dueños de las fábricas, las condiciones sociales del mundo fueron muy graves. El proceso industrial atrajo una migración a los centros urbanos de trabajadores que pasaron a ser la oferta de trabajo en un mercado que hasta ese momento nadie regulaba. Fueron los propios economistas clásicos quienes elaboraron lo que llamaron “ley de hierro de los salarios” (Malthus), según la cual, en esas condiciones, el salario tendía al mínimo de subsistencia que garantizara la reproducción humana para sostener la oferta laboral. La situación social en esas primeras ciudades industriales era horrible: condiciones infrahumanas de convivencia con hacinamientos, hambrunas y epidemias.
En ese contexto, la catástrofe social del primer industrialismo generó la reacción. Los primeros que aparecen con una postura contraria al proceso son un grupo de dirigentes y autores que Marx llamó “socialistas utópicos” para bajarles el precio. Ya avanzado el siglo XIX aparecen el anarquismo, el marxismo y también el llamado socialcristianismo.
Dentro de esta última corriente surgen los primeros curas obreros y otros que conviven con los excluidos, buscando, además de evangelizar, formas organizativas que permitan la defensa del trabajador. En su práctica social retoman aquellas viejas reflexiones de los primeros Padres de la Iglesia y redondean toda esa teoría en un concepto central: la Justicia Social.
El trabajo de los curas obreros fue institucionalizado al nivel de doctrina por el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum (1891) y, sobre todo, de manera más explícita por el Papa Pío XI en la Quadragesimo Anno (1931), que utiliza formalmente el término “Justicia Social” para exigir una distribución de la riqueza que permita a los trabajadores y sus familias vivir con dignidad.
Hemos llegado al momento en que la Justicia Social salta al peronismo y se transforma en el núcleo central de su doctrina. Piñeiro Iñíguez realizó una impresionante investigación sobre las distintas fuentes que conforman el “ideario peronista” y describe varias interacciones con curas y con filósofos católicos desde donde se toma la idea rectora de la Justicia Social, profundizando y llevando a la práctica algunas definiciones de la encíclica de 1931.
Me extendí en esta fuente porque es la más estudiada en los orígenes del peronismo, pero, como dije en escritos anteriores, no es la única. Mucho menos estudiado, el pensamiento de Perón y la construcción del peronismo también tuvieron un fuerte impacto del constitucionalismo social que se dio en Latinoamérica y que reconoce como vanguardia la Revolución Mexicana de 1917.
Y en esta apropiación de la Justicia social por el peronismo, muy pronto se comprendió que por sí sola no bastaba.
Poder avanzar a una forma de organización de la comunidad inspirada en la Justicia Social implicó reconocer que era imposible si no se tenía soberanía política, es decir, capacidad para decidir la política sin condicionamientos externos ni de los centros apátridas de nuestro país.
Pero tampoco era posible alcanzar la soberanía política sin lograr la independencia económica; tener la suficiente autonomía de recursos como para poder tomar las decisiones políticas que avancen hacia la Justicia Social. Esa mirada integrada de la vieja Justicia Social se transformó en las banderas centrales de nuestra ideología: Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social. La búsqueda de una Patria ~~Justa, Libre y Soberana.
La práctica política revolucionaria del primer peronismo quedó plasmada en la Constitución de 1949, poco conocida y poco estudiada por la dirigencia actual. Vinculado al tema de hoy, recordemos que estableció que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y buscar el bienestar social, subordinando la propiedad privada a los fines del beneficio común. También se formalizó la intervención del Estado para garantizar la equidad. Se realizó una definición abundante y precisa de una serie de derechos que debía garantizar el Estado, entre los que se cuentan los derechos del trabajador, los derechos de la familia, de la ancianidad y de los niños; y también se estableció la igualdad de género, que no quedó en una mera enunciación, sino que se crearon mecanismos para que las primeras mujeres accedieran a los puestos de gobierno.
Estos conceptos centrales del peronismo fueron las banderas de los distintos grupos y organizaciones que participaron de la Resistencia. Era el centro de la práctica y fue trabajado por muchos de los autores que contribuyeron a la teoría peronista. Cuando Perón volvió y tomó el gobierno, las viejas banderas volvieron a ser el núcleo inspirador de la práctica política. Se puede verificar en los hechos y en sus últimos escritos, como el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional o la mayoría de los discursos que dio, especialmente en la CGT.
Lamentablemente, la dictadura genocida dejó su marca. Realizó una prédica acentuada en contra de los principios y de la práctica del peronismo. Lo triste es que la oleada liberal impacto en los dirigentes que estuvieron en el regreso de la democracia. La carencia de conducción no llevó a resolver cuestiones mediante procesos demoliberales, lo que llevo a la entronización de una clase dirigente (que tristemente se siente clase), que enuncia las banderas como algo retórico, para no perder los votos peronistas, pero que realiza una práctica muchas veces alejada de nuestra triple bandera.
Esa instancia de fragmentación y provincialización del peronismo, acompañada por una marcada pérdida de identidad, culminó en el gobierno del innombrable riojano quien, asumiendo el discurso del imposibilísimo globalizador, realizó una práctica inversa a la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.
Pero fue de modo un poco parcial, porque en sus convicciones, además de aquellas viejas banderas, influye la práctica de políticas típicas de los años 80 y 90 donde se va diluyendo nuestra identidad.
Para cerrar, en el marco de la catástrofe que significaron los gobiernos de Macri, de Alberto y del mal hablado presidente actual, el concepto de Justicia Social es recuperado y consolidado por el Papa Francisco, quien en Fratelli Tutti nos dice que el derecho a la propiedad privada solo puede considerarse un derecho natural secundario y derivado del principio del destino común de los bienes creados.
Recuperó la idea de Comunidad Organizada en los discursos a los movimientos sociales y, en ese contexto, identificó la Justicia Social en las tres T: derecho a la tierra, al techo y al trabajo. Dijo que, sin estas tres condiciones, la libertad es una ficción.
Finalmente dice que “la Justicia Social no es algo que se regala, es algo que se debe garantizar”, y redondea que se trata de una forma de “pagar la deuda social” con aquellos a quienes el sistema ha descartado.
La lógica de la Justicia Social de ir hacia una Comunidad Organizada de modo equitativo y armónico no es un robo, porque está fundada en el principio histórico y clásico del cristianismo: el destino universal de los bienes.
Por eso debemos recuperar el concepto de la función social de la propiedad; debemos discutir el concepto de que cobrar impuestos es un robo. Los impuestos son el costo de pertenecer a una sociedad acorde a estos tiempos y que garantice que el Estado cumpla las funciones que le corresponden en el marco de la Comunidad Organizada.
Lejos de ser un robo, es la inversión más inteligente que una Nación puede hacer para garantizar su propia supervivencia y grandeza. Como decía Perón: “La Justicia Social es el único camino para que el Pueblo sea feliz y la Nación sea grande”.
Milei es un necio y un fabulador cuando realiza esas afirmaciones. Lo hace desde un ideologismo irracional, que va a contramarcha de la historia y que nos llevará a una situación de disgregación social, de fortalecer el poder de unos pocos y que, inevitablemente, puede llevar al conflicto.