La idea fue fuertemente rechazada por estudiantes y gremios docentes, quienes advirtieron que pondría en riesgo la calidad educativa y que dificultaría la salida laboral de aquellos jóvenes que, al terminar el secundario, aún sean menores de edad. Asimismo, denunciaron un fuerte recorte presupuestario, que afecta el acceso a insumos y las cuestiones edilicias de las escuelas.