Por Gustavo Sirota –
“La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023. Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas… No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes… la situación del sistema científico es terminal…”. En agosto el Consejo Interuniversitario Nacional ponía números a la política de desinversión y desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno paleolibertario.
Los resultados están a la vista. El estrago – daño grave y generalizado, ruina o asolamiento – que dejará tras sí la pesadilla que encabezan los hermanos Milei caerá sobre el futuro de generaciones de argentinos/as. En tanto, los mentideros oficiales y sus usinas replicadoras en medios y redes, insisten en que no hay ajuste o achique presupuestario y que en realidad lo que resisten las universidades es ser “auditadas” en sus gastos.
“El presupuesto universitario en 2025 sufre una reducción histórica, con una caída del 9% en términos reales respecto a 2024 y un acumulado del 32% desde 2023” señala la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en sintonía con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación que ubica al “presupuesto nacional para financiar el sistema público de las universidades nacionales” como ”el más bajo desde 2005”.
Cuando de prioridades se trata, el gobierno del showman“experto en crecimiento con y sin dinero”, sabe de lo que habla. El financiamiento educativo nacional (0,7%) se encuentra por debajo de 2002 y es el más bajo de este siglo. Es el segundo más bajo de toda la democracia, sólo superado por 1992 (0,6%). “Es el gasto más bajo de América Latina” explica a “Tiempo
En términos del PBI, “la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88%, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%)”. En términos reales, “la inversión con fondos nacionales en educación, tendrá un incremento en 2025 de un 0,65%, tras una disminución del 40,20% en 2024 respecto de 2023” según denuncia “Argentinos por la Educación”.
“Los salarios cayeron un 45% desde noviembre del 2023 hasta hoy”, de acuerdo a un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA. El propio gobierno nacional admite una rebaja no menor al 35% en los salarios. Según el CIICTI, los salarios actualmente están “1,7% por debajo de 2002”, el año que siguió a la crisis de 2001. Según el CIN la cifra de docentes que abandonaron sus cargos desde 2024 “llega a 10.000”, la mayor parte lo ha hecho por “motivos salariales”.
El gobierno, por llamarlo de alguna manera a este compendio de corruptos, oportunistas y fugadores, insiste con el latiguillo de “auditar” a las Universidades. Sus comunicadores, trolls ycib
En una columna de abril de 2024, cuando las masivas movilizaciones de la comunidad universitaria contra las políticas del gobierno de los hermanos Milei, explicaba que la reforma de 1994 garantiza – artículo 75, inciso 19 – “la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…”. Estose funda en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias.
Escribía en aquella ocasión que “las universidades son auto-gobernadas, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Tienen sus propios órganos de gobierno, colegiados y democráticos, que deben asegurar la “representación de docentes, estudiantes, no docentes y graduados”. El cogobierno es un pilar histórico de la Universidad Argentina. Sus Consejos Directivos y Superiores tienen “funciones normativas generales, de definición de políticas y de control…”.
La Ley de Educación Superior – artículo 59 bis – dispone que el control administrativo externo de las universidades es competencia “directa e indelegable” de la Auditoría General de la Nación y que todos los establecimientos de educación superior estatales “deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”. Las “Unidades de Auditorías Internas” ejercen el control interno de las universidades.
En vez de cacarear como pericos, con solo tomarse el tiempo de ingresar en el sitio web de la AGN pueden encontrar información sobre las Universidades. Incluso muchas lo publican en sus sitios y cuentan, como la UBA, la UNLP o la Nacional del Sur por citar algunas, con una sección en su página web a tal efecto.
También, señalaba en mi nota de abril de 2023 que “la Sindicatura General de la Nación, organismo encargado de ejercer el control interno del sector público, hasta 2022 podía realizar auditorías o investigaciones específicas en las universidades públicas en casos de denuncias, sospechas o a pedido del Ministerio de Educación de la Nación”.
Con el fin de transparentar los procesos de compras y dar a conocer en qué destinan las universidades nacionales su dinero, el Consejo Interuniversitario Nacional puso en marcha en 2020 el portal “Universidades Compran”. Una plataforma que registra los procedimientos de adquisición de bienes y servicios vigentes en las instituciones universitarias públicas del país. En el sitio se puede buscar información sobre cada universidad, los distintos tipos de contrataciones que se hicieron – directa, licitación pública, privada, etc. – y los plazos de vigencia.
Breve repaso de algunas cuestiones sobre nuestra vapuleadas Universidades. Decía en 2023 que “claro que tienen falencias y limitaciones, grises y claroscuros. Seguramente no son una maravilla de gestión y desenvolvimiento. No escapan a las generales de la ley de la Argentina que vivimos”. Pero la prédica brutal, falaz y desinformante del Gobierno del showmancriptoestafador, re
Como tantas veces, en las aulas y en las calles la mayor parte de los argentinos /as seguimos sosteniendo y defendiendo la universidad pública, gratuita y laica. Parte constitutiva, junto a la salud pública y la vigencia y respeto por los derechos humanos, de nuestro “adn” como país.
En tanto Karina “la cajera”, “javo”, y sus secuaces “libertarios”, se quedan con la plata de los discapacitados y del PAMI.
