A once años de la primera gran movilización del Ni una menos resulta urgente revisar la situación que atraviesan las mujeres y disidencias ante un Estado Nacional que abandonó sus derechos, que ninguneó sus deseos y que destituyó de la agenda política sus demandas y necesidades.
Los datos de todos los días
En el nuevo milenio, los debates en torno al género ocuparon un protagonismo inusitado en la agenda pública nacional e internacional. Específicamente, el movimiento de mujeres fue reconocido con títulos paradigmáticos que signaron el escenario global bajo la consigna de la cuarta ola o, en nuestro país, la marea verde, en alusión al color distintivo de la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito. En este marco, la disputa por los espacios de representación y el cese de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTIBQ+ constituyeron uno de los ejes principales de las voces que se alzaron en las calles, pero también en instituciones y organismos del Estado.
Hoy, a once años del histórico estallido del Ni una menos las minorías sexuales (mujeres y el colectivo LGTBIQ+) atraviesan un contexto político nacional de violencia institucional que, lejos de revivir el pasado en el que no existían derechos, bajo un continuo negacionismo prefiere ignorar derechos conquistados.
De acuerdo con algunos de los datos más relevantes aportados por el INDEC que ofician de contexto marco en el que se inscriben sus problemáticas, se debe destacar que, en relación al trabajo remunerado y la autonomía económica las mujeres se encuentran en desventajas en relación a los varones ya que presentan mayores niveles de desocupación y subocupación; se concentran en ciertas ramas de actividad y acceden, en menor medida, a puestos altos en la estructura jerárquica. Además, siguen siendo las principales encargadas de las tareas de cuidado y, aun cuando cuentan con mayores niveles educativos, no logran un nivel de participación en el mercado laboral similar al de los varones.
Derechos a motosierra
En la actualidad, las legislaciones de avanzada que en Argentina supimos conseguir son disputadas bajo discursos de odio emanadas desde el mismo gobierno nacional que aplica represión y motosierra en pos de un supuesto equilibrio fiscal que tiene más de “re-organización nacional” que responsabilidad civil para un pleno ejercicio democrático.
En particular, el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad supuso la declaración de la batalla cultural que apuntó a un pleno des-financiamiento de políticas públicas con perspectiva de géneros. De acuerdo con el Análisis de las partidas vinculadas a género en el Proyecto de Presupuesto 2026 realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia:
- En 2023 el Programa Acompañar alcanzaba a más de 100.000 personas; 434 en 2024 y, en este año [2025], no figuró con partida presupuestaria identificable y su sitio web no ofrece información actualizada.
- La Línea 144, perdiendo el 50% de su planta de trabajadores desde la asunción de Milei, no cuenta con línea presupuestaria específica por lo que no se puede inferir proyección de la misma.
El informe realizado por la mencionada Asociación Civil advierte que, si bien la actividad Protección de Víctimas de Violencia —perteneciente al programa Afianzamiento de la Justicia del Ministerio de Justicia— contempla un aumento para este año, se propone:
[U]n presupuesto de casi 40 mil millones de pesos para 2026 para la partida de Protección de Víctimas de Violencia (triplicando el presupuesto actual), [sin embargo] recuperar la inversión de 2023 en el Acompañar y la Línea 144 requeriría de 359.382 mil millones de pesos. (ACIJ, 2025, pág. 2)
En el mismo informe se analiza el Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, perteneciente al Ministerio de Salud, que contempla dos actividades: Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable y Prevención del Embarazo Adolescente (Plan ENIA). En igual sentido que lo indicado anteriormente, se observa un incremento notable del presupuesto, no obstante, no supera los anteriores a la gestión de la Libertad Avanza y, a pesar del aumento, el informe advierte que se destinará mayor partida a la actividad Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, “mientras que el Plan ENIA quedó prácticamente sin financiamiento: en 2026 se ejecutaría menos del 3 % de lo invertido en 2023”. Además, este informe agrega que:
En cuanto a las metas del programa, se observa un giro estratégico: se abandona el asesoramiento, la capacitación docente (ESI) y el apoyo a la IVE para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos (preservativos, DIU, implantes).
Este giro supone un abordaje tradicional, y en consecuencia un retroceso, a los programas y acciones de prevención con enfoques transversales para abordar la salud sexual y reproductiva, quedando esta signada a su enfoque biologicista, sin tratamiento de las problemáticas simbólicas, culturales y sociales que ofrecen una mirada integral, especialmente, capacitando a adolescentes y docentes en el ámbito educativo. Al respecto, véase la siguiente tabla en la que se advierte la brutal caída del presupuesto asignado para las actividades de Educación Sexual Integral (ESI), bajo la órbita de la Secretaría de Educación de Nación:
En relación a la salud, la Fundación Huésped indica que, si bien se prevé un incremento leve en el presupuesto para el tratamiento del VIH, el mismo resultará insuficiente considerando que el 70% de la población afectada cuenta con cobertura pública exclusiva. Asimismo, agrega el informe de dicha Fundación que mientras en el 2025 no se realizaron compras de insumos (preservativos), en este 2026 se estima una provisión abrupta pero:
sin asegurar continuidad ni ejecución real, y con números aún por debajo de lo estipulado en el presupuesto 2023. En 2023, la meta física actualizada fue de 30,002,400 unidades desde el programa 22 (Respuesta al VIH) y 25,300,000 desde el Programa 25 (Salud Sexual y Reproductiva). En 2025, la ejecución al 3er trimestre muestra una distribución de 832 (ochocientos treinta y dos) preservativos, generando faltantes en todo el país. Para 2026 se proyecta recuperar la provisión a 15,5 millones (P22) y 18 millones (P25). La recuperación proyectada no alcanza a compensar el último año sin compras ni asegura continuidad, y reduce a menos de la mitad de lo estipulado en 2023.
Por su parte, de 275.565 folletos distribuidos en 2023, en 2025 no se distribuyeron folletos por lo que las campañas de prevención se vieron significativamente afectadas. En el mismo orden se encuentran los Test de VIH los que corresponden a cero los repartidos en el 2025, incumpliendo con la Ley 27.675 que garantiza la provisión gratuita y suficiente en todo el país para asegurar el acceso al diagnóstico para todas las personas. Además, mientras que en el 2023 se distribuyeron 1.120.380 test, para este año se espera una entrega de 581.000 test, es decir, alrededor del 50% menos que en la última entrega. Este aspecto resulta altamente sensible ya que, un diagnóstico tardío incrementa la transmisibilidad, impidiendo garantizar el principio sanitario “Indetectable = Intransmisible (I=I)”, uno de los pilares de la respuesta global al VIH.
Por otro lado, la violencia económica institucional con la que se ejecuta este plan de re-organización nacional también es acompañada por discursos de odio emanados por la máxima autoridad nacional en entrevistas, redes sociales, incluso, en escenarios internacionales, como lo fue en el Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 2025. Las vejaciones vertidas por el Presidente de la Nación hacia las mujeres y el colectivo LGTIBQ+ incumplen leyes nacionales y tratados internacionales que, desde hace más de cincuenta años, protegen el ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales. Incluso, de público conocimiento resultan los agravios impartidos por el Sr. Javier Milei a menores con discapacidad. En total ignorancia del trato digno que establecen nuestras leyes, el Sr. Presidente de la Nación con sarcasmo menoscaba los avances en materia de derechos humanos que, en nuestro país, fue un política de Estado desde el retorno democrático.
Por todo lo expuesto, actualmente atravesamos un contexto de emergencia tras las políticas PRO – libertarias de turno a nivel nacional y provincial que, por desconocimiento, omisión y/o negligencia vulnera la vida de sectores sociales que, históricamente, sufrieron estigmatización, discriminación y patalogización. Como consecuencia, se profundiza el riesgo en el que se encuentra la integridad de las personas de dichos sectores, siendo el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, uno de los resultados más acuciantes de estas provocaciones al demostrar que, solo en el primer semestre del 2025, se reportaron 102 crímenes de odio, lo que significa, un caso cada 42 horas. Además, de la continuidad de los femicidios que, según informa el Observatorio de las Violencias de géneros Ahora que si nos ven, en el 2025 fueron “219 femicidios directos, 30 vinculados, 5 travesticidios y transfemicidios y 8 instigaciones al suicidio”, por lo que cada 33 horas se produjo un crimen letal, mientras que ocurrieron 385 intentos de femicidio, en el mismo periodo. Ante este escenario resta preguntarnos si aquellas políticas públicas con perspectiva de géneros cuyo objetivo buscaba proteger la vida de las mujeres y disidencias acaso no evitarían estos hechos: ¿será qué la vida de las mujeres y del colectivo LGTIBQ+ ya no importan?
