“Busca mejorar el financiamiento de los efectores”, respondió a EL DIARIO el senador Jorge Maradey al explicar la intención que persigue el proyecto de su autoría en conjunto con su par Horacio Amavet, denominado “Ley de arancelamiento y recupero financiero del sistema de Salud provincial. Sistema informático de gestión y control de recupero hospitalario”.
Redacción EL DIARIO / coordinacion@eldiario.com.ar
La iniciativa se identifica con una simplificación, “de arancelamiento hospitalario” y ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. En rigor, el sistema ya existe, pero en palabras del senador de Gualeguaychú, se pretende “poder defender al hospital público, que no sea un financiador de una obra social privada”.
Puntualizó que “la gratuidad del hospital se mantiene para todos por igual, pero al dar de alta, si la persona que recibió atención pertenece a algun subsistema de salud, llámese obra social, prepaga, seguro u otros, lo lógico es que el hospital recupere como cobra una clínica de Paraná a alguien que tiene una obra social. Esa persona se interna y luego le factura a la obra social. Esto es exactamente igual para el efector público”.
Teniendo en cuenta que ya existe normativa sobre esta temática, comentó que “la ley de arancelamiento se respetó toda, lo que nosotros tenemos ahora es la obligatoriedad de poder cobrar en concepto de servicios brindados a personas beneficiarias de un subsistema. Creamos un registro informático para poder chequear permanentemente si tienen alguna cobertura o no. Ese mismo sistema informático va a ir actualizando los aranceles”, explicó.
El senador hizo hincapié en “la obligatoriedad de poder facturar” ese servicio que se presta a quien tiene cobertura, situación que de acuerdo a lo señalado por Maradey “aparentemente, no se llevaba a cabo, se demoraba mucho, había facturaciones de 12 o 14 meses. Con este proyecto se ordena todo y se va a hacer con mayor celeridad”, confió uno de los autores de la iniciativa.
Consultado sobre las herramientas que incorpora para garantizar esa mayor celeridad en el procedimiento, respondió: “ahora le damos autonomía a cada hospital para que a través de su administración pueda facturarlo y que no vaya todo hacia el Ministerio de Salud donde se demoraba muchísimo”. Aclaró asimismo, que cuando no haya arreglo se pasará a una instancia judicial, de acuerdo al articulado.
Respecto de la distribución de los ingresos en concepto de arancelamiento, afirmó que “se respetó el decreto 2762, donde el 2% va en forma automática para el Ministerio de Salud; el 40%, para una coparticipación arancelaria a todo el personal efectivo o transitorio del escalafón General y de Enfermería; el 30% a honorarios profesionales de la carrera profesional sanitaria; y el 28% va a ser manejado por el efector, o sea, la conducción del hospital va a poder destinarlo a mejoras edilicias, capacitaciones, tendrá libertad para manejar esos recursos”. Opinó sobre este último punto, “que les va a venir muy bien y para mi es lo más interesante de todo, que el efector pueda disponer de esos recursos para muchísimas cosas. La pandemia nos demostró –agregó- que faltan muchas cosas y estamos poniéndonos a tono”. Se pronunció por “mirar de aquí hacia adelante para mejorar todo el sistema, para tener las herramientas, hacerlas funcionar y que en un plazo lógico se hagan las cosas”, expuso.
OPINABLE. A “personas sin cobertura y con recursos económicos” el proyecto de ley destina dos artículos. Concretamente, uno se refiere a “las personas que concurran a los Efectores Públicos de la Provincia que no tuvieren cobertura social pero posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”. Y el otro, establece una “evaluación socioeconómica” a cargo de los efectores públicos, que deberán verificar la situación socioeconómica de cada persona beneficiaria del sistema, sin perjuicio, se aclara, de la atención brindada que deberá ser inmediata y no podrá estar condicionada en ningún caso, a la finalización de la evaluación requerida.
“Eso está hace muchísimos años y los respeté aunque no estaba de acuerdo” admitió el legislador, que incluso no descartó que en Diputados pudiera modificarse porque puede considerarse “discriminatorio”.
Apeló a un ejemplo para graficar casos que se presentan con frecuencia: “Hay una accidente vial, las personas lesionadas llegan al hospital público, el 70% del gasto de los accidentes se presentan en las primeras 48 horas, después, generalmente se derivan a un privado. Esa persona luego por un juicio cobra una suma importante y el centro privado cobra también y el hospital, es espectador”, analizó. Subrayó que “nosotros que estamos sobre la ruta 14 –Gualeguaychú, Concepción, Concordia- se atienden todos los accidentes”.
En otro orden desestimó que “al hospital va el que no tiene” recursos. Acotó que “en Gualeguaychú, tercera ciudad de Entre Ríos, no hay guardias pediátricas; todo lo pediátrico va al hospital. Urdinarrain, Larroque, Basavilbaso, Santa Anita, no hay prestadores privados, entonces la gente va al hospital o al centro de salud público. Tenemos que defenderlo y de alguna manera las obras sociales tienen que responder ante eso”.
Aportes
El senador señaló que para el proyecto “trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud. Hubo gente de Asesoría Legal del Ministerio que incluso participó en una reunión de comisión”.
Trasmitió que “nosotros trabajamos en forma transversal en todos los temas, tratamos de consultar a todos los actores que estén involucrados”, contestó.
Maradey remarcó “que sirva el arancelamiento, hacerlo efectivo. Esto es ponerlo sobre la mesa y que sirva a la institución pública y a la persona usuaria del hospital. En la medida que el hospital puede facturar a las obras sociales podrá tener mejores insumos y más. No puede ser que todo el gasto lo haga el hospital y luego no reciba nada”, manifestó antes de desestimar que “se complejiza algo que es muy simple: solo se trata de poder favorecer al hospital cobrando a las personas que tengan un subsistema de salud”.
Fuente: El Diario
