Productores agropecuarios criticaron la medida del Gobierno y defendieron la transparencia del sistema. También protestaron contra la decisión de aplicarla en medio de la grave crisis climática en la región. Ya hay dos proyectos en el Congreso para restituirlo.
Según datos proporcionados a este medio por la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, actualmente existen cerca de 12 millones de cabezas de ganado ovino en el país, de las cuales 7 millones están en la Patagonia (casi un 60%). «La Ley Ovina fue creada hace más de 20 años. Nació en la Patagonia, por una suma de u$s20 millones, que hoy significaría $20 mil millones. Actualmente estamos hablando de una Ley Ovina que, si la analizamos desde un punto de vista de productores en la Patagonia, solamente significaría $50 mil por productor. Lo que puede financiar no es lo necesario para el sector», protestó el titular de la entidad, Osvaldo Luján.
Dijo, además, que la producción ovina sigue estando casi como monocultivo en la región: «Dependemos de ciertos parámetros que no hacen al subsidio, sino a que realmente tengamos mecanismos concretos de obtener un precio por el producto. No somos formadores de precios; por el contrario, el precio se dictamina en Australia a través de los remates. Después se transforma acá en un dólar oficial que no es el que corresponde».
«El vocero habló de $3.000 millones de aportes el año pasado. La ley ovina establece $850 millones de aporte del Presupuesto Nacional en forma anual. No hay realmente un aporte de $3.000 millones en forma anual porque está fuera de la ley», lanzó.
Por otra parte, Luján defendió la transparencia del FRAO y comentó que cada provincia trabaja con un sistema de unidad ejecutora propia, conformada no solo por el sector público local, sino también por organismos técnicos nacionales como el INTA y el SENASA, además de los productores. «Eso da lugar a una evaluación de los proyectos, que son revisados a nivel nacional y aprobados. Una vez aprobados, los fondos van directamente a los proveedores de insumos. No pasan por provincias ni por ningún productor. Consideramos que la transparencia está asegurada. Para eso se rinden cuentas mensualmente y anualmente a nivel nacional», detalló.
A modo de cierre, el productor ponderó el rol social que cumple la ganadería ovina en la Patagonia, al alentar el poblamiento del territorio, y estimó que en el plano económico genera exportaciones por u$s150 millones. «Las planillas Excel no son de resultados cero únicamente. Hay que ver el análisis de la situación y cuáles son las necesidades de inversión en un campo como el patagónico, donde producir es complejo», agregó.
Además, se refirió a que la medida llegue en medio de una dura crisis climática que golpea al sur del país. «La situación del sector en Chubut es casi la misma que en Santa Cruz. El sur de Chubut tuvo la misma complejidad, con un enorme riesgo de pérdida de casi el 20% de animales en una población de cerca de un millón de ovinos. Todavía estamos en esa lucha de tener acompañamiento de Nación y de provincia para que no se abandone al productor», concluyó.
Reclamos institucionales
En paralelo, la senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) presentó un proyecto de comunicación ante la Cámara alta, en el que considera que «las recientes medidas incluidas en la Ley Bases han afectado negativamente, a través de su sanción, el financiamiento y desarrollo de esta actividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los productores ovinos y el equilibrio socioeconómico de la región».
El texto -al que tuvo acceso Ámbito– recuerda que en el año 2001 se sancionó la ley 25.422 modificada en 2016 por la ley 27.230, que creó el Régimen para la recuperación de la ganadería ovina, constituyendo un Fondo Fiduciario con el objeto de destinar fondos del presupuesto nacional para recuperar la ganadería ovina nacional, mejorar la infraestructura, aumentar la producción y asegurar la sustentabilidad de la industria ovina.
(fuente: https://www.ambito.com/)
