La eliminación del FONID, el recorte presupuestario y la ausencia de paritaria nacional profundizaron la crisis educativa. Tras dos años de ajuste fiscal se agravaron las brechas entre regiones del país mientras universidades y escuelas reclaman financiamiento.
Con salarios que retrocedieron a niveles de hace diez años en 21 provincias, presupuestos provinciales que no acompañan la inflación y la eliminación de pilares de financiamiento como el FONID, la educación pública atraviesa su ajuste más profundo en décadas. El deterioro no es solo salarial sino también territorial: en 19 jurisdicciones, la inversión educativa está por debajo de 2014.
Las medidas del gobierno de Javier Milei -quita del incentivo docente, disolución de la paritaria nacional, la declaración de la educación como servicio esencial y las restricciones al derecho a huelga- reconfiguraron las reglas del sector y trasladaron el peso del ajuste directamente al bolsillo docente y a los presupuestos provinciales. El resultado: más maestras y profesores por debajo de la línea de pobreza, más provincias incapaces de sostener programas básicos, más brechas entre regiones.
En este contexto, la universidad también continúa en conflicto. Esta misma semana se desarrollaron jornadas de paro para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento salarial urgente. El reclamo coincide con la discusión del nuevo Presupuesto nacional, que propone destinar solo 0,75% del PBI a Educación, un número que retrocede a niveles previos a 2010 y que se ubica muy lejos de la meta del 6% establecida por ley.
Salarios: la variable de ajuste
En Argentina, los docentes enfrentan salarios que en la mayoría de las provincias no alcanzan para cubrir lo básico. Esto ocurre en un marco donde la administración libertaria adoptó una serie de medidas que impactaron directamente en la educación, agravando problemas estructurales y/o empeorando las condiciones de vida de sus trabajadores.
En concreto, los salarios docentes son actualmente más bajos que hace 10 años en 21 provincias del país. A su vez, si bien contra 2024 se observa una recuperación parcial -explicada por la baja base de comparación por la recesión de ese año- dichas jurisdicciones aún presentan niveles inferiores a los de 2023.
Si se pone la lupa por regiones destacaron que en Cuyo existió una recuperación de los salarios docentes únicamente en San Juan durante este año. Por su lado en San Luis, que históricamente registró los salarios más altos de la región, sufrieron una fuerte caída, mientras que Mendoza mantiene niveles estables, pero sin recuperar el poder adquisitivo perdido. “En comparación con 2014, todas las provincias de la región presentan salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año”, detalló el informe al que accedió este medio.
En el Noreste Argentino (NEA), todas las provincias, excepto Corrientes, arrojaron aumentos en 2025 respecto del año anterior, en tanto que Misiones continuó entre las jurisdicciones con los salarios más bajos del país. En relación a 2014, Chaco es la única provincia que tuvo un aumento real del salario. En la región Noroeste (NOA), se observa que los salarios docentes cayeron este año en Salta, Catamarca y Tucumán y todas las provincias de la región se mantienen por debajo de los niveles de 2023 en términos reales. En relación a 2014, la totalidad, excepto Santiago del Estero, se encuentran en niveles salariales inferiores.
Por su parte, en la Región Pampeana, los salarios docentes mostraron una recuperación en Córdoba y Entre Ríos, aunque todas las provincias continúan con salarios por debajo de los niveles de 2023. En comparación con 2014, el conjunto de jurisdicciones presentó salarios, en términos reales, inferiores a los de ese año.
Aun así, en algunas jurisdicciones el gasto total en educación cae más que los salarios, poniendo en evidencia un ajuste adicional en otros rubros como salarios de personal por fuera de la docencia, infraestructura, materiales o programas complementarios.
Radiografía del ajuste presupuestario
En la mayoría de las jurisdicciones cayó el gasto estatal de forma generalizada. Según el documento de “Argentinos por la Educación”, entre 2014 y 2024, la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total se contrajo en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación.
En el detalle por regiones del país, los especialistas señalaron que en Cuyo, todas las provincias presentan una caída del gasto (aunque San Luis mantuvo a lo largo de toda la década tasas de crecimiento mayores al resto de las provincias), en el NEA todas las jurisdicciones, excepto Chaco, registraron una caída. Por su parte, el NOA mostró una disminución del gasto generalizada, con excepción de Santiago del Estero. En la región Pampeana, también se observaron mermas en todos los casos. Por su parte, en la Región Patagónica, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego anotaron caídas en 2024 frente al año previo, mientras que Neuquén es la única que presentó un incremento en el mismo período.
Hoja de ruta 2026: más recortes
En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que envió el Ejecutivo al Congreso se prevé destinar menos del 1% del PBI a educación (de aprobarse, sería el tercer año consecutivo por debajo de ese porcentaje).
Según el texto oficial, el Estado nacional invertirá en 2026 apenas el 0,75% del PBI, es decir, la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). El ajuste se enmarca en un programa económico que consolida la reducción del gasto público como política de Estado. De hecho, el Presupuesto proyecta para el próximo año un nivel de gasto real 57% inferior al de 2023.
Por último, la Ley de Educación Nacional (LEN), sancionada en 2006, establece en su artículo 9 que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, “transcurridas casi dos décadas, la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015, acumulando entre 2006 y 2020 una deuda equivalente al 5% del PIB de 2020”. Esto se agravaría en la actualidad ya que el proyecto del oficialismo buscaderogar expresamente ese artículo 9, eliminando la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación.
Así las cosas, este escenario deja en evidencia que, mientras el Gobierno proyecta otro año de recortes, el sistema educativo argentino enfrenta una crisis cuya profundidad todavía no encuentra freno.
(fuente: https://www.eldestapeweb.com/)
