Datos obtenidos por el portal Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.
Lo que comenzó como una polémica por un puñado de créditos millonarios otorgados a funcionarios del Gobierno nacional terminó revelando una dimensión mucho mayor. Datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública muestran que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión de Javier Milei.
La cifra expone por primera vez la magnitud de una operatoria que hoy se encuentra bajo cuestionamiento político y judicial. De los 25.391 créditos hipotecarios concedidos por la entidad en ese período, uno de cada 23 fue destinado a personas alcanzadas por los controles especiales que exige la Unidad de Información Financiera (UIF) para funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de quienes ocupan posiciones de poder.
El dato adquiere especial relevancia porque contradice la versión oficial que intentó minimizar la controversia. Tras conocerse los primeros casos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que menos del 0,2% de los créditos habían sido otorgados a personas vinculadas al Gobierno. Sin embargo, la información suministrada por el propio Banco Nación muestra un universo significativamente más amplio: al menos 1.120 beneficiarios pertenecientes a una categoría que el sistema financiero identifica y monitorea específicamente por su cercanía al poder político.
La polémica se profundiza porque el crecimiento de estos préstamos coincidió con modificaciones introducidas por la propia administración libertaria. En septiembre de 2024, el Banco Nación reformó la reglamentación de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una modificación inexistente en la normativa anterior.
El discurso anti casta sin credibilidad
Los cuestionamientos apuntan a una aparente contradicción entre el discurso oficial de combate a los privilegios de la dirigencia política y la ampliación de condiciones que facilitaron el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios otorgados por la principal entidad financiera pública del país.
La controversia estalló cuando trascendieron casos de altos funcionarios que accedieron a préstamos por cientos de millones de pesos. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, con un crédito de $510 millones; el asesor económico Felipe Núñez, con $373 millones; el secretario de Finanzas Federico Furiase, con $367 millones; y Leandro Massaccesi, quien obtuvo $420 millones antes de ser desplazado de su cargo.
La información surgió luego de la difusión de datos a través del sitio “¿Cuánto Deben?”, desarrollado por el especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky, que permitió identificar créditos otorgados a integrantes de la administración nacional. Sin embargo, los nuevos datos obtenidos por Ámbito revelan que aquellos casos representaban apenas una parte de un fenómeno mucho más extendido.
Además, los números podrían incluso ser conservadores. La categoría de Personas Expuestas Políticamente no incluye a todos los cargos relevantes de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, determinados directivos de empresas públicas y otros funcionarios de alto rango quedan fuera de esa clasificación, por lo que la cantidad total de beneficiarios vinculados al aparato estatal podría ser superior a la informada.
La causa ya motivó una denuncia penal presentada por la diputada nacional Mónica Frade y actualmente tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. La investigación deberá determinar si existieron o no irregularidades en el otorgamiento de los préstamos.
Mientras tanto, los datos oficiales ya permiten establecer un hecho político contundente: detrás de los casos individuales que generaron repercusión pública existe un universo de al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a personas alcanzadas por los mecanismos de control reservados para quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder. Una cifra que amplía significativamente el alcance de un escándalo que continúa creciendo y que amenaza con convertirse en uno de los capítulos más incómodos para la administración de Javier Milei.
(fuente: https://primereando.com.ar/)
