El oficialismo comenzará esta semana el debate del denominado «Súper RIGI», un régimen que amplía las ventajas fiscales, cambiarias y regulatorias para grandes inversiones. Según pudo saber AIM, la iniciativa genera cuestionamientos por el alcance de los beneficios y por las limitaciones que impondría a futuros gobiernos para modificar las reglas de juego.
El próximo miércoles la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del denominado «Súper Rigi», un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que promete atraer inversiones millonarias a cambio de un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que podrían extenderse durante tres décadas.
Según constató AIM, la iniciativa apunta a proyectos de más de 1.000 millones de dólares y contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, exenciones de derechos de importación y exportación, beneficios en el IVA y una flexibilización del acceso y uso de divisas para las empresas que ingresen al régimen.
Sin embargo, el punto que más controversias genera es la garantía de estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria durante 30 años. Para especialistas consultados por AIM, esto implica una fuerte limitación para futuras administraciones, que quedarían impedidas de modificar aspectos centrales del esquema aun cuando cambien las condiciones económicas o fiscales del país.
La propuesta también reavivó cuestionamientos sobre el costo de las exenciones en un contexto de ajuste sobre jubilaciones, obra pública, universidades y programas sociales. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de reducir el gasto estatal, el proyecto prevé amplios incentivos para grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
Fuentes parlamentarias indicaron a AIM que otro de los ejes del debate será el impacto real sobre el empleo y la industria local. Aunque el Ejecutivo sostiene que el régimen impulsará el desarrollo tecnológico y la generación de trabajo, el texto no establece obligaciones concretas de contratación de proveedores nacionales ni porcentajes mínimos de integración local.
Además, el esquema exige la adhesión de provincias y municipios para garantizar condiciones uniformes a los inversores. Distintos sectores advierten que esto podría profundizar una competencia entre jurisdicciones para ofrecer cada vez más exenciones impositivas y regulatorias.
Según pudo saber AIM, el oficialismo buscará obtener dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto antes del receso legislativo. La discusión promete reeditar uno de los principales debates económicos de los últimos años: si la llegada de inversiones justifica resignar recursos fiscales y capacidad regulatoria del Estado durante las próximas décadas.
