A un año y medio de las elecciones presidenciales, el Gobierno Nacional quiere multiplicar 17 veces el límites permitido para el aporte de los privados.
El gobierno de Javier Milei ya tiene preparado el anteproyecto de ley de Reforma Electoral Integral con el que intentará modificar el sistema electoral para eliminar las PASO, implementar la Boleta Única de Papel, estipular que los candidatos cumplan con Ficha Limpia y cambiar las reglas para el financiamiento de los partidos y las campañas. En Casa Rosada quieren multiplicar por 17 veces el monto máximo permitido actualmente para los aportantes privados.
“Montos máximos de aportes por persona. Los partidos políticos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica, por cada año calendario para desenvolvimiento institucional, un monto superior al treinta y cinco por ciento (35%) del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”, plantea el anteproyecto al que accedió El Destape.
En la normativa actual, que pretende cambiar el gobierno libertario a un año y medio de las elecciones de 2027, ese monto está fijado en 2%. Este salto también pretenden establecerlo para el «límite de recursos privados por persona» destinado a cada campaña electoral.
Por otro lado, la iniciativa no altera el envío de fondos del Estado para el desenvolvimiento institucional de los partidos y sus campañas electorales. Se mantiene la vigencia del Fondo Partidario Permanente, que se nutre de partidas anuales del Presupuesto, multas recaudadas y otros conceptos.
Según el texto, estos recursos se distirbuirán de la siguiente manera: «A) 20% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos; y B) 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Solo participarán de esta distribución los partidos políticos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al 1% del padrón electoral».
Sin embargo, de estos fondos públicos que el Estado entrega, se cambió la obligación de que los partidos los destinen a la capacitación y formación de dirigentes. Actualmente deben destinar al menos el 20% de lo que reciben a esas actividades. A partir de ahora, los partidos están obligados solo a destinar el 10% a la capacitación política.
En este documento de 21 páginas no solo hay cambios a la Ley de Financiamiento de los partidos 26.215 sino también a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.398, la Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral N° 26.571 y el Código Electoral Nacional.
Eliminación de las PASO, Ficha Limpia y boleta única
Otra de las claves es que el anteproyecto de ley propone la eliminación total de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De esta manera, la designación de candidatos volverá a quedar bajo responsabilidad de cada agrupación política, de acuerdo a lo que establezcan sus propias cartas orgánicas. «Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos», escribió el ministro del Interior, Diego Santilli, en su cuenta de X.
Ante la ausencia de las PASO, el anteproyecto estipula que los partidos deberán registrar sus listas de candidatos ante la Justicia electoral con una antelación no menor a 60 días de la fecha de la elección general. Para los comicios anteriores, las primarias también habían sido suspendidas en febrero del año pasado, pero por única vez.
Por su parte, la ley de Ficha Limpia, impulsada principalmente por el PRO y La Libertad Avanza, tendrá como objetivo a inhabilitar a personas condenadas por corrupción para postularse a cargos públicos electivos nacionales. Su intención es impedir candidaturas de quienes tienen sentencias ratificadas en segunda instancia.
Además, el anteproyecto oficializa la utilización a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), con el objetivo de centralizar toda la oferta electoral en un solo papel impreso, que será financiada y distrbuida por el Estado.
Para aprobar estas modificaciones, el oficialismo deberá reunir una mayoría absoluta en ambas Cámaras: 129 diputados y 37 senadores. LLA cuenta con 95 diputados y 21 senadores, por lo que deberá sumar una cantidad significativa de apoyos de distintos bloques.
(fuente: https://www.eldestapeweb.com/)
