Por Luciana Bertoia
En 2020 hablamos mucho de los Súper Mario Bros. ¿Recordás quiénes eran? Un grupo de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se dedicó al espionaje político durante el gobierno de Mauricio Macri.
El núcleo originario de los Súper Mario Bros estaba compuesto por policías de la Ciudad que pasaron en comisión a los servicios durante los primeros días del gobierno de Cambiemos. Oficialmente dependían del área de Contrainteligencia, pero se movían por su cuenta: tenían una “cueva” y casi no frecuentaban las bases de la AFI.
Los Súper Mario Bros fueron ecuménicos a la hora de espiar: desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Florencia Macri, hermana menor del entonces presidente. No se salvaron tampoco Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros. También estaban coordinados con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para monitorear a dirigentes y empresarios kirchneristas que estaban presos.
La causa inicialmente tramitó en Lomas de Zamora, donde registró importantes avances. La Cámara Federal de Casación decidió que pasara a Comodoro Py y, a partir de ahí, inevitablemente empezó a desplomarse.
La Cámara Federal porteña sacó de la galera la teoría del cuentapropismo: los agentes no espiaban en función de un plan general de inteligencia ilegal, sino que lo hacían por su propia cuenta para tratar de sacar algún rédito económico. Se ve que eran demasiado osados como para atreverse a espiar a la hermana del Presidente.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue tomando una serie de decisiones en el expediente:
Sostuvo que la investigación sobre el espionaje en las cárceles era nula. Para ello, acusó al primer juez de la causa, Federico Villena, de haber guionado testigos. La consecuencia fue que todas las autoridades del SPF involucradas en el escándalo fueron sobreseídas.
Sostuvo que los agentes rasos no tenían suficiente información acerca de que estaban haciendo inteligencia ilegal porque estaban sometidos a un régimen de “obediencia ciega” y tabicamiento informativo.
Esta semana, el fiscal de la causa, Franco Picardi, apeló los últimos sobreseimientos, que incluían a dos funcionarios cercanos a Macri: Darío Nieto —su secretario privado— y Susana Martinengo —su coordinadora de Documentación Presidencial—.
En su dictamen, Picardi recordó que en las comunicaciones había frecuentes referencias al “uno”. En la jerga de los servicios, el “uno” era —y es— el Presidente.
La mayoría de las causas por el espionaje macrista se fueron derrumbando. Pasó con la que se centraba en la vigilancia a las familias del ARA San Juan. Allí, Casación no negó las tareas de inteligencia sobre los familiares, sino que las justificó ante un supuesto peligro para la seguridad del Presidente o del país. También ocurrió con el llamado Proyecto AMBA. En ese caso, la Cámara Federal impugnó la forma en que se había obtenido la información que dio lugar a la investigación, que mostraba que la AFI estaba involucrada en vigilar y controlar la conflictividad social en territorio bonaerense.
Esta semana volvió la actividad a los tribunales. El viernes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió que se avance con el tratamiento del amparo que presentó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, que reformó el sistema de inteligencia.
El abogado Armando Rafael Aquino Britos informó que, junto a sus colegas Rubén Pagliotto y Raymundo Kisser, habían presentado un per saltum para que la Corte Suprema analice el hábeas corpus que habían impulsado. Un juez de Paraná habilitó la feria tan solo para rechazar su planteo y decir que no había elementos para temer ante la facultad que el DNU le da a la SIDE de detener gente.
El viernes próximo comenzará un juicio que se centrará en el rol de la SIDE durante la dictadura. En el banquillo estará Patricio Finnen, quien llegó a ser jerarca del organismo en democracia. Estuvo a cargo de la famosa “Sala Patria”, que se armó para perseguir a Enrique Gorriarán Merlo y se usó para desviar la investigación sobre el atentado a la AMIA.
Domiciliarias
Joaquín Mogaburu tuvo su presentación en sociedad como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para pedir que retire las medidas especiales de protección que había otorgado en favor de Milagro Sala en noviembre de 2017.
En ese momento, la Corte IDH había encomendado la prisión domiciliaria para preservar la integridad de Milagro Sala. Desde entonces, la salud de la dirigente social no dejó de deteriorarse.
En un comunicado belicoso, la SDH afirmó que el único lugar para los “criminales” era la cárcel.
Es un argumento curioso porque, por el momento, no se sabe que la SDH se haya presentado en algún expediente de lesa humanidad para pedir que los jueces revoquen esta modalidad de detención para los condenados por los crímenes más aberrantes.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 348 represores en prisión domiciliaria y 80 en unidades penitenciarias. Esto equivale a decir que más del 83 por ciento de los criminales de la dictadura no están en la cárcel.
A propósito, la semana pasada te hablé de los juicios que están por comenzar. Hubo algunos cambios. El juicio por la masacre de la calle Corro no comenzará el 11 de febrero, como estaba previsto, sino el 4 de marzo. Toda la atención estará centrada el miércoles próximo en el debate en el Senado sobre la reforma laboral y la marcha a la que convocaron las centrales obreras. El 11 de marzo arrancará el juicio por los crímenes cometidos en el ingenio La Fronterita. Será el primer proceso sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que tendrá lugar en Tucumán.
50 años
Página/12 está impulsando una serie de iniciativas para mantener viva la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, como lo ha hecho a lo largo de su historia.
Una de las iniciativas de las que te hablé la semana pasada es el ciclo de entrevistas Voces de militancia, resistencia y memoria. Arrancamos el domingo pasado con Taty Almeida. Te dejo acá el link.
Mañana podrás escuchar un diálogo con Julio Santucho y dos de sus hijos, Miguel y Daniel. Daniel nació en el Pozo de Banfield y restituyó su identidad en julio de 2023. Miguel es un activo integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo.
Arrancamos también con una serie de entrevistas con académicos para pensar cómo llegamos a este 50º aniversario y cuáles son los desafíos para transmitir esa memoria. El primer entrevistado fue el sociólogo Daniel Feierstein.
En Página/12 hace memoria podrás encontrar notas que se fueron publicando a lo largo de la historia del diario y que hicieron un aporte al proceso de verdad y justicia. Te recomiendo estas de Juan Gelman y Lila Pastoriza. Todo esto lo hallás en la web de Página/12.
Libros
Se acerca el aniversario del golpe y empezaron a publicarse libros sobre la temática. Esta semana leí Si lo contás, te mato (Planeta). Gustavo Sammartino relata sus encuentros con Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército. El aporte más revelador del libro es que Suárez Mason le relató que había entregado un bebé a un cura para que fuera criado por su hermano.
Mónica Zwaig lo hizo de nuevo. Con el CELS y Siglo XXI, la autora de Una familia bajo la nieve publicó Avisale a mi mamá, una novela “alucinada sobre la dictadura”. Se sugiere que sea leída por mayores de doce años.
Me quedo con este párrafo:
“Por fin hablé con una actriz, pero no de esto, de otro tema. Ella me contó que para aprender los textos de memoria siempre los repetía en movimiento, especialmente en el camino que hacía en la calle yendo a los lugares. Se recitaba los textos caminando. Me acordé de esta conversación mientras trataba de escribir este trabajo y entendí cómo marchar el 24 puede ayudar a reforzar la memoria”.
