El texto, que restablece los límites a la extranjerización del suelo argentino, fue aprobado por 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Los cambios deberán ser ratificados por el Senado.
La movilización popular y el rechazo al intento del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra forzaron un volantazo del oficialismo en el Congreso. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó por incorporar dos artículos clave que restituyen la ley original sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La iniciativa, aprobada en una votación ajustada, consiguió el apoyo de la oposición en el capítulo de Tierras. Ahora deberá volver a la Cámara alta para que los senadores ratifiquen o rechacen los cambios. Con este giro, el Gobierno busca blindar el decreto 70/23. El rechazo masivo y los idas y vueltas de la Corte Suprema de Justicia en torno al artículo 154 del DNU, que amenazaba la tierra argentina, dejaron al borde del abismo el decreto que Milei impulsó apenas asumió la presidencia. De esta forma, la Casa Rosada resignó la norma que promovía la venta de campos a extranjeros para sostener el megadecreto que modificó, reemplazó y derogó decenas de leyes y regulaciones económicas del país.
Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el Gobierno logró aprobar la iniciativa, aunque quedará pendiente una nueva sesión en el Senado para ratificar las modificaciones. Fue una votación ajustada para la presidencia de la Cámara, que incluso tuvo el rechazo de algunos aliados habituales, como el MID. Sin embargo, los cinco cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora se abstuvieron y terminaron por jugar a favor del oficialismo.
A la hora de la votación por capítulos, los artículos referidos a la restitución de la Ley de Tierras consiguieron 239 votos afirmativos, 4 negativos y 6 abstenciones. En este punto, gran parte de la oposición, con excepción del Frente de Izquierda, acompañó los artículos 38 y 39, que restablecen la norma original que limita la compra de campos argentinos por parte de extranjeros. De esta forma, con el respaldo de más de dos tercios del recinto al capítulo IV, ese apartado del texto quedó blindado ante un eventual intento de modificación en el Senado.
El artículo 38 dispone derogar el artículo 154 del DNU 70/23, mientras que el 39 restablece la plena vigencia de la Ley N° 26.737, conocida como Ley de Tierras. Con la recuperación de esta norma, vuelven a regir los límites y topes legales a la cantidad de hectáreas rurales que las personas o empresas extranjeras pueden adquirir en el territorio nacional.
El proyecto que se debatió había obtenido media sanción en la Cámara alta el pasado 6 de agosto. En aquella ocasión, por la enorme presión social y a raíz de una contundente movilización en las inmediaciones del Congreso, la iniciativa avanzó sin los capítulos referidos a la compra de tierras por extranjeros, al Registro de Barrios Populares y a la Ley de Manejo del Fuego. Ahora, el texto aprobado por los diputados deberá volver a manos de Patricia Bullrich con un nuevo título que, a diferencia del que se había eliminado, restituye la ley original sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner para proteger el suelo argentino.
La aprobación de la norma con estos cambios representa otro volantazo del Gobierno. Esta vez, para bajarle el tono a un debate que la propia Corte Suprema reabrió el 29 de septiembre, al revocar una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Poco después, el 9 de octubre, y a raíz del rechazo popular, el máximo tribunal tuvo que dictar una nueva medida que suspendió provisoriamente esa derogación mientras avanza la discusión de fondo en la Justicia.
El accionar de la Corte desató una rápida reacción de la oposición, que buscó avanzar con el rechazo del DNU 70/23 en una sesión. La convocatoria finalmente se frustró por las negociaciones del presidente de la Cámara, Martín Menem, con diputados aliados y dialoguistas. En un manotazo de ahogado, el riojano abrió la posibilidad de modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para reponer la Ley de Tierras y garantizar la continuidad del decreto. Así consiguió desactivar la sesión convocada por los opositores, que no lograron reunir el quórum.
El debate
Las intervenciones en el recinto giraron en torno a las contradicciones del Gobierno. La diputada Paula Penacca lo sintetizó en una frase: “Están dando un volantazo fenomenal”. La legisladora de Unión por la Patria resaltó que el bloque de LLA iba a levantar la mano “por una ley que Milei quiso hacer pelota dos veces ya”. Al mismo tiempo, advirtió que nadie tiene “garantías de que Milei la vete”.
En el mismo sentido se pronunció el massista Diego Giuliano, quien planteó que los libertarios volvieron “a la ley del peronismo” con la incorporación de los artículos 38 y 39. “Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo y lo dio en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra”, sostuvo, al repasar los idas y vueltas de la Corte Suprema y el cambio de rumbo del Gobierno sobre el tema.
En consonancia, aunque desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano definió al Gobierno como “un lavarropas que va y que viene”. Distinta fue la postura de la jefa de esa bancada, Gisela Scaglia, que responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Para la santafesina, se pudo “encontrar una salida”, y destacó el “diálogo político” que permitió revertir una parte del decreto 70/23. “El DNU ponía a las provincias argentinas en una situación de riesgo, no podía ser que cualquiera pudiera comprar la tierra argentina”, sentenció.
Por otra parte, la diputada Lucía Cámpora se refirió a otros puntos del proyecto. En particular, cuestionó los artículos que endurecen las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes, al exigir una causa de utilidad pública específica y concreta e incluir el pago del lucro cesante (con un tope del 30% sobre el daño emergente) antes de la transferencia del bien.
“Quieren modificar la ley de expropiaciones para blindar las privatizaciones. Con esto, no hubiésemos podido recuperar YPF, no podría usar esa camperita que tanto le gusta al presidente y sobre todo no tendríamos el superávit energético que da Vaca Muerta, gracias a que Cristina recuperó YPF”, dijo la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contiene otros puntos polémicos. Entre ellos, la disposición que establece la aplicación del procedimiento de juicio sumarísimo para los desalojos de inmuebles urbanos y rurales, una medida que fue cuestionada especialmente por algunos diputados de Unión por la Patria.
(fuente: https://www.pagina12.com.ar/)
