Armando Guibert fue Subsecretario de Reforma y Modernización del menemismo y ahora pisa fuerte en el equipo del futuro presidente. El armado de la anunciada Ley Ómnibus, una de sus principales tareas.
Este miércoles, a través de la Oficina del Presidente Electo (@OPEArg), la cuenta de X en la que se comunica diariamente la actividad oficial del futuro mandatario, Javier Milei confirmó que su equipo trabaja junto a Armando Guibert, un exfuncionario menemista que fue clave en el armado privatizador de los ’90 y que, se presume, es uno de los encargados del diseño de la tan anunciada Ley Ómnibus, que la gestión de La Libertad Avanza planea impulsar en sus primeros días de gobierno, a partir del próximo domingo 10 de diciembre.
Tal como recuerda el propio comunicado de la cuenta de X, Guibert fue Subsecretario de Reforma y Modernización de la gestión de Carlos Menem y todo indica que el flamante asesor de Milei trabaja junto al equipo del futuro mandatario en los ajustes de «primera generación», un eufemismo que se traduciría en despidos, privatizaciones y desregulación de mercados.
El paso de Guibert por el Gobierno de Carlos Menem tuvo idas y vueltas. Durante buena parte de la gestión del expresidente riojano, este ingeniero industrial de 75 años trabajó codo a codo con el cavallista Héctor Domeniconi, por entonces secretario de Coordinación Administrativa. Y en 1996, tras la salida de Domingo Cavallo y el desembarco de Roque Fernández en el Ministerio de Economía, ocupó la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.
Fue precisamente durante su participación en el equipo encargado de la “modernización” del Estado en la era menemista, una política que impulsó la modificación de las normativas vigentes en favor del libre mercado y la desregulación de la economía, donde Guibert dejó entrever algunos puntos que podrían echar luz sobre el plan de Milei.
Por ejemplo, en un documento escrito junto a Héctor Domeniconi y Ricardo Gaudio, aseguró: «El primer desafío planteado por la transformación del Estado Argentino (en 1990) era la erradicación definitiva del endémico déficit fiscal».
En este sentido, “la reducción del empleo público era una condición suficiente para asegurar este propósito”, pero resultaba “una contribución importante para lograrlo”, ya que plasmaba “la firmeza con que se encara” la presunta modernización.
De hecho, entre los objetivos del Programa de Reforma Administrativa Guibert había ubicado elementos como “limitar la intervención pública en la vida económica, fortaleciendo las funciones tendientes a la preservación del interés general”.
Esto se tradujo en políticas concretas: se implantaron medidas de ajuste tales como jubilaciones de oficio y anticipadas, retiros voluntarios y reducción de las plantas transitorias.
También hubo congelamiento de vacantes; disolución y reestructuración de organismos y unidades organizativas, racionalización de estructuras y privatización de servicios de mantenimiento, limpieza y liquidación de haberes, entre otras.
Fuente: Página/12
