El Congreso debate la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad y la Ley de Glaciares.
Este lunes 2 de febrero se habilitan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, período en el que se debatirán leyes clave para el gobierno de Javier Milei, como la reforma laboral. Sin embargo, esto no implica necesariamente un debate con horario fijo, sino que hay una apertura de sesiones que se extenderá hasta el 27 de febrero y que están al margen de las ordinarias, que empiezan formalmente el 1 de marzo.
El motivo principal por el cual el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, mediante el Decreto 24/2026, fue la urgencia de tratar un paquete de reformas estructurales que el Gobierno considera fundamentales antes del inicio de las ordinarias. A diferencia del período común, en las extraordinarias el Congreso solo puede debatir los temas que el Presidente decide incluir en el temario.
La iniciativa propone la implementación de un Fondo de Cese Laboral (similar al modelo de la construcción) que reemplace las indemnizaciones tradicionales por despido. También incluye la extensión de los períodos de prueba y la regulación de nuevas formas de remuneración, y permite legalmente el uso de activos digitales o beneficios no remunerativos como parte del salario.
Régimen penal juvenil (baja de imputabilidad)
La iniciativa principal de este paquete es la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. El proyecto establece un sistema de justicia específico para menores, con penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves y un enfoque en «justicia restaurativa» o sanciones no privativas de la libertad para casos de menor cuantía (penas menores a 10 años).
En la práctica, esto implica que adolescentes que hoy son considerados no punibles podrían enfrentar procesos penales y condenas efectivas. El Gobierno argumenta que esto responde a una necesidad de seguridad ante delitos violentos cometidos por menores, mientras que sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan la eficacia de la medida sin un sistema de contención social previo.
Reforma de la Ley de Glaciares
Esta propuesta modifica la ley vigente para flexibilizar la protección ambiental en las zonas denominadas «periglaciares« (áreas cercanas a los glaciares pero sin hielo permanente). El objetivo es otorgar mayor autonomía a las provincias para que definan qué zonas son estrictamente de protección hídrica y cuáles podrían habilitarse para proyectos económicos.
La implicancia directa es la apertura de la puerta a la explotación minera e hidrocarburífera en áreas que hoy están restringidas. Mientras el Ejecutivo ve esto como una oportunidad para atraer inversiones millonarias, las organizaciones ambientales alertan sobre el riesgo de pérdida de reservas de agua dulce y una mayor vulnerabilidad ante el cambio climático.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
Se trata de la ratificación legislativa del tratado de libre comercio firmado entre ambos bloques tras décadas de negociación. El proyecto busca eliminar aranceles para casi la totalidad de las exportaciones agroindustriales argentinas y establecer un marco de cooperación política y de inversión con Europa.Para Argentina, esto implicaría un acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas. Beneficia especialmente al sector del agro y la pesca. El desafío reside en la competencia que enfrentará la industria nacional frente a los productos europeos, lo que obligaría a las empresas locales a acelerar sus procesos de competitividad para no perder terreno.
Durante su visita en Mar del Plata, Javier Milei dijo que pronto Argentina va a tener «leyes de países razonables»
A pesar de la extensa agenda preparada para las sesiones extraordinarias, aún quedan iniciativas en suspenso, que deberán esperar a las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. Esto da un respiro a la oposición para analizar el impacto de los decretos previos sobre espionaje y seguridad, mientras el Ejecutivo se concentra en asegurar que las reformas estructurales de fondo no se traben en el Congreso. Ese es el caso de:
- Ley de Compromiso Fiscal o regla Fiscal: este proyecto pretendía establecer por ley el «déficit cero» obligatorio, imponiendo sanciones a los funcionarios que autoricen gastos por encima de los ingresos del Estado. Aunque tiene dictamen, fue retirado del temario de febrero debido a la falta de garantías de apoyo por parte de los bloques provinciales.
- Reforma del Código Penal y Ley de Inteligencia: el paquete que incluía la ley «antimafia», la reiterancia delictiva y la reestructuración de la SIDE (Servicio de Inteligencia) quedó fuera de la convocatoria oficial. El Gobierno decidió priorizar la agenda económica y laboral ante la resistencia de la oposición a otorgar facultades extraordinarias en áreas de inteligencia y seguridad nacional.
(fuente: https://www.baenegocios.com/)
