“Nuestra prioridad es la escucha atenta para proteger los intereses de las empresas de nuestra provincia y recursos naturales tan valiosos como el agua y la energía”, expresaron luego de oír las observaciones de entidades ambientalistas y Pymes.
“Vamos a insistir con nuestra propuesta de actualización de la ley de Promoción y Desarrollo Industrial ya vigente en la provincia, que establece un nuevo régimen legal, institucional y normativo”.
“Promovemos la revisión y ampliación de las exenciones fiscales para ofrecer un incentivo significativo para los inversores y empresarios, asegurando que estos beneficios sean atractivos y pertinentes a las realidades actuales. Al extender las exenciones a impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor, se crea un entorno más favorable para el desarrollo industrial en la provincia”, explicaron.
Ayer se realizó un nuevo encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para abordar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
En el recinto expusieron representantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, de la Fundación Cauce y de Apyme Delegación Entre Ríos. Se advirtió que el RIGI protege a los inversores extranjeros por sobre los intereses locales y provinciales, y los riesgos en materia jurídica y económica de la norma.
Los referentes ambientalistas brindaron aportes para tener en cuenta antes de votar, y descartaron cualquier intencionalidad política en sus observaciones.
También se advirtió que el RIGI “nos va a comprometer por 30 años”, y que “es un modelo extractivista y de producción adverso”.
Los abogados pusieron de relieve que “casi no hay países que hayan aprobado algo parecido, un cheque en blanco para grandes inversiones”.
Dieron cuenta que “nuestra constitución tiene un claro programa político, derecho al agua potable y los recursos naturales” y de la necesidad de “honrar nuestra historia y los valores democráticos”.
Desde Apyme, delegación Entre Ríos, se compartió la posición ambiental y se advirtió del impacto adverso del RIGI en las pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia.
Se afirmó que habrá “competencia desleal” y que este régimen significará la “destrucción de las Pymes y de los puestos de trabajo”.
En esta oportunidad, quienes expresaron su posición fueron la directora ejecutiva y coordinadora del Área Incidencia y Democracia Ambiental de la Fundación Cauce, Valeria Enderle; el integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enzo Culasso; el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Francisco Taibi, junto a María Eugenia Cichero del Instituto de estudios territoriales; y el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Entre Ríos, Luis Lozar.
(fuente: https://www.apfdigital.com.ar/)
