Dos empresas petroleras, una israelí y otra británica, proyectan comenzar a extraer 55 mil barriles de crudo en 2028. Quiénes están detrás, cómo operan y qué ocurrió con las sanciones argentinas. ¿El gobierno de Milei actuó con ‘celeridad’ y ‘firmeza’, como dijo el Presidente?
Ni “firmeza” ni “celeridad”, como afirmó Javier Milei en cadena nacional, han guiado al gobierno libertario en el reclamo contra las empresas petroleras que llevan adelante el proyecto Sea Lion y que para 2028 proyectan extraer unos 55 mil barriles de crudo al día en las Islas Malvinas. A pesar de que el Presidente afirmó que impondrán castigos a las compañías que operen con recursos naturales del archipiélago, su administración evitó imponer duras sanciones o recurrir a la Justicia cuando en diciembre anunciaron su Decisión Final de Inversión, y apenas emitió un comunicado que expresaba su “enérgico rechazo”. ¿Cómo es el proyecto y qué podría implicar para la soberanía argentina?
En el centro de la polémica se encuentran la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper, que controlan el yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros de las islas, en la plataforma continental argentina, a unos 450 metros de profundidad. Fue hallado en 2010, tras años de investigación y prospección en la zona, pero entonces los elevados costos por dificultades climáticas y geográficas desalentaron las inversiones internacionales, mucho más desde 2014, con el desplome del precio internacional del crudo, en ascenso en los últimos años.
Pero el interés por el petróleo bajo las Malvinas es histórico. Ya a mediados de la década de 1970 una serie de informes británicos —Griffiiths y Shackleton— revelaron que existía una gran probabilidad de que hubiera cuencas sedimentarias cerca del archipiélago invadido por el Reino Unido el 3 de enero de 1833.
En la década de 1970, previo a la guerra de 1982, incluso hubo negociaciones y hasta se llegó a discutir una soberanía compartida en 1974, en una suerte de condominio para gestionar de manera el territorio y los recursos. Tres años antes, en 1971, se establecieron acuerdos para mantener la comunicación entre la isla y el continente: así, cientos de isleños recibían atención médica en hospitales continentales y muchos argentinos viajaron como turistas a Puerto Argentino. Para algunos historiadores y analistas, el hallazgo de petróleo a mediados del 70 fue una de las causas que dieron impulso a las tensiones que llevaron a la guerra.
Malvinas: un giro en las sanciones
La ley que Javier Milei pretende modificar para endurecer las sanciones ante proyectos petroleros en Malvinas fue impulsada en 2011 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, justamente luego de la confirmación de la existencia del yacimiento.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad”, dijo Milei en cadena nacional al anunciar modificaciones de forma en esa legislación, “en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.
Sin embargo, su gobierno ha evitado imponer sanciones duras cuando tuvo la oportunidad de hacerlo meses atrás, luego de que las petroleras formalizaran su proyecto, confirmaran sus inversiones y revelaran cuánto petróleo planean extraer en los próximos años.
La normativa, aprobada por unanimidad por el Congreso, prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental. También severas multas y penas de hasta 15 años de cárcel para los directivos de las compañías que operen sin el permiso del Poder Ejecutivo local.
El objetivo, afirman en el gobierno, es endurecer las sanciones para combatir el “avance sobre el territorio argentino”, imponiendo sanciones penales y administrativas.
Pero incluso con esa ley vigente las inversiones petroleras en las Islas se mantuvieron. En 2015, el gobierno impulsó denuncias en la justicia federal contra seis empresas que operaban en la plataforma continental: una de ellas era Rockhopper, investigada por la presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos” sin autorización, concesión o permiso otorgado por autoridades argentinas, que calificó su actividad como “clandestina”.
La Justicia incluso ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, aunque en la última década esa investigación no tuvo movimientos, en especial por la imposibilidad de hacer efectivas sanciones debido a la falta de activos físicos en el país.
En 2022, el gobierno de Alberto Fernández impuso sanciones y hasta declaró “clandestina” a Navitas Petroleum, que entró en el negocio del petróleo en Malvinas dos años antes, en 2020, con inversiones millonarias que dieron impulso al proyecto de Rockhopper, que no es un gran jugador del negocio del petróleo mundial.
Entonces, la Cancillería argentina remitió notas para desalentar su participación en el proyecto, recordando que las islas son argentinas y poniendo al corriente de las leyes que impiden su actividad sin autorización local.
Aún así, la compañía israelí controla el 65 por ciento de la participación de Sea Lion y Rockhopper el 35 por ciento restante. Además, va aumentando cada vez más su participación en el proyecto.
Sin embargo, de acuerdo a las sanciones impuestas hace cuatro años, Navitas se encuentra inhabilitada por 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino.
El giro de Milei: de una queja al endurecimiento de sanciones
La actividad de las empresas continuó con firmeza en los últimos años, hasta que en diciembre pasado las petroleras anunciaron la Decisión Final de Inversión, donde detallan la proyección de fondos y precisan que en una primera etapa producirán 170 millones de barriles en casi una docena de pozos submarinos.
Así, a partir de 2028 podrían extraer unos 55 mil barriles de crudo al día, mientras que para 2030 elevarán la producción a 125 mil por día. Incluso, el mes pasado adquirieron una nueva plataforma flotante para darle mayor velocidad al proyecto.
En ese momento, el gobierno de Milei no impulsó grandes sanciones, ni reclamos públicos. Apenas hubo un comunicado de la cancillería a cargo de Pablo Quirno, que expresó su “más enérgico rechazo” y recordó que no cuentan con permisos de autoridades argentinas.
Sin embargo, evitó impulsar sanciones concretas o acciones judiciales. Además, cada vez que el gobierno fue consultado al respecto buscaron bajarle el tono. El portavoz Adrián Ravier incluso se limitó a leer comunicados completos de la Cancillería en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Esta semana, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una acción preventiva ante el juzgado federal de Río Grande para impedir que Navitas y Rockhopper avancen con la explotación a gran escala sin autorización ni evaluación ambiental argentina.
Las alianzas políticas del presidente argentino han tenido relevancia en este sentido, incluso a pesar de que Navitas es una firma israelí, país por el que ha mostrado cercanía y alineamiento: en los últimos años se reunió en múltiples ocasiones con el primer ministro israelí Benjamín Nentanyahu, prometió trasladar la embajada argentina Jerusalén y firmó los Acuerdos de Isaac, un pacto para fortalecer presencia de Israel en América Latina.
Navitas fue fundada por Gideon Tadmor, magnate que lidera el negocio del gas en Israel cercano a Netanyahu, y su vicepresidente es Yacob Katz, exdirector general del Ministerio de Energía de Israel décadas atrás.
Las declaraciones de Donald Trump días atrás, cuando no descartó apoyar el reclamo de Argentina en medio de críticas al Reino Unido por la falta de apoyo británico en el conflicto en el estrecho de Ormuz, fueron el puntapié para el anuncio de Milei.
Soberanía en juego
Las grandes inversiones anunciadas en el marco del proyecto Sea Lion amenazan con transformar la matriz económica y social de las islas, donde actualmente residen entre 3.500 y 3.600 habitantes de 81 países distintos, en un contexto donde en Reino Unido hay cada vez más presiones a los gobiernos por el desembolso de grandes recursos económicos para sostener a las islas, con gasto militar y de defensa, que asciende a más de 60 millones de libras esterlinas al año.
El proyecto Sea Lion podría dejarle a las Islas entre 2.800 y 8.800 millones de dólares en los próximos 35 años, por regalías e impuesto a las ganancias, según informaron las propias compañías en julio pasado.
Así, la explotación a gran escala podría producir una transformación de las islas, incluso también con la llegada de habitantes.
Malvinas es el único enclave británico del mundo superavitario: basa su economía principalmente en la pesca de calamar, a partir de licencias otorgadas por el Reino que representa 40 por ciento del Producto Bruto Interno del archipiélago.
Pero con el petróleo eso podría cambiar y modificar la matriz de las islas. Así, el colonialismo al que ha sido sometido un territorio en disputa hace casi dos siglos, podría sostenerse y profundizarse. Ahora, a costa de recursos naturales argentinos.
(fuente: https://www.aimdigital.com.ar/)
