A través del Fideicomiso creado por el decreto 153/2018, publicado ayer en el Boletín Oficial, se reglamentó la Participación Público Privada (PPP), modalidad que el gobierno pretende aplicar a la obra pública en procesos “mixtos” de inversión.
En el decreto se lee: “Que mediante la Ley N° 27.328 se estableció el régimen relativo a los contratos de participación público privada, y se definió a los mismos en su artículo 1° como aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional …(en carácter de contratante), y los sujetos privados o públicos (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.”
Además, la ley mencionada estableció que “las obligaciones de pago asumidas por los entes contratantes, en el marco de lo establecido en dicha ley podrán ser solventadas o garantizadas mediante la creación de fideicomisos.”
Ante eso y para garantizar los pagos “la Ley N° 27.431 creó el Fideicomiso de Participación Público-Privada (“Fideicomiso PPP”).” Y agrega: “Que el artículo 59 de la referida Ley autorizó la contratación de una serie de obras o adquisición de bienes y servicios, a ser ejecutados como proyectos de participación público-privada durante el ejercicio 2018 y subsiguientes.”
Algunos de los ejes principales del Fideicomiso PPP:
El plazo de duración del Fideicomiso PPP es de 30 años.
El Fideicomiso PPP podrá constituirse mediante un único fideicomiso y/o a través de distintos fideicomisos individuales denominados “Fideicomisos Individuales PPP”.
El Fideicomiso PPP (y/o los Fideicomisos Individuales PPP) se regirá por un Acuerdo y Reglamento Marco del Fideicomiso PPP.
Se designó al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como organizador y fiduciario del Fideicomiso PPP y de los Fideicomisos Individuales PPP. Su presidente desde 2016 es Pablo García, quien supo trabajar en el BID y tiene escritos relacionados a integración y comercio donde recomienda la modalidad PPP.
Los fiduciantes serán los Ministerios a cuya jurisdicción correspondieren los proyectos a ser desarrollados mediante contratos de participación público-privada.
Mientras los beneficiarios serán aquellas personas humanas o jurídicas titulares de los valores fiduciarios PPP, certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos de reconocimiento de inversión que sean emitidos por los Fideicomisos Individuales PPP, así como todo otro ente u organismo que se determine en cada contrato de fideicomiso de acuerdo con el proyecto.
¿Podrá la modalidad PPP atraer inversiones?
Mientras el gobierno presenta la Participación Público Provida como una herramienta novedosa que podría estimular inversiones del sector privado dirigidas a las obras públicas, el inicio del PPP se remonta a Inglaterra en los años del Thatcherismo.
La modalidad PPP funciona, a grandes rasgos, a través de prestamos a privados por parte del sector publico para la realización de obras, que permite no agrandar el déficit fiscal (se contabilizan como prestamos a privados), achicando el rol del Estado en la obra pública.
Desde el gobierno han vaticinado que mediante esta modalidad se aportaría mayor transparencia a las contrataciones, pero muchos informes del desarrollo de los contratos bajo PPP en países como Inglaterra o España denuncian graves casos de sobreprecio y de obras no finalizadas.
En pocas palabras, las empresas contratistas se hacen de dinero rápido del Estado, con amplias garantías por décadas. Bajo el macrismo vimos como a través de la Ley de blanqueo muchos amigos y familiares del gobierno se vieron beneficiados “declarando” dinero que tenían en cuevas fiscales, provenientes de evasión fiscal entre otras. La renuncia y actual acusación por lavado de dinero de Díaz Gilligan es un claro ejemplo.
Bajo estas condiciones y experiencias, seguramente la implementación de contratos PPP atraigan inversión privada pero no garantiza la realización de obras con mayor eficiencia y por otra parte ocultan el endeudamiento público.
(fuente: La izquierda diario)
