El diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio fue uno de los firmantes del proyecto para bajar la imputabilidad a 15 años de edad para los menores que cometan delitos de gravedad. La iniciativa es del diputado Diego Santilli y fue acompañada también por los legisladores Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, entre otros.
Argumentaron que con este proyecto lo que se busca es crear un “sistema de responsabilidad penal juvenil”. Por lo que se establecería un fuero especializado en menores de edad y con el foco en priorizar medidas de “reparación” para las víctimas y sus familiares. La baja de imputabilidad que se pretende aprobar, pasaría de los 16 a los 15 años de edad.
Además, la iniciativa prevé una aceleración de los juicios, con plazos máximos de dos años. “El proyecto hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos”, plantea el escrito de la normativa.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio protagonistas de esta propuesta son, entre otros, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias. Todos ellos aparecen como firmantes del escrito.
Al mismo tiempo, la iniciativa fija que los adolescentes culpables no solo cumplan condena de cárcel, sino también ejerzan tarea de reparación por sus hechos.
Las penas que se barajan son de hasta 15 años de prisión en caso de homicidio y de abuso sexual agravado.
Otro de los argumentos que esgrimieron para justificar el proyecto es que serviría para evitar la saturación del sistema penal, a través de la creación de este fuero especializado de justicia penal juvenil.
Las preguntas vuelven a ser las mismas:
¿Cuál es el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes por debajo de la edad de 16 años?
Según un informe del sitio Chequeado de 2019 “No existen estudios nacionales actualizados sobre la situación de los adolescentes y la ley. El último estudio, un relevamiento realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, muestra que en la Argentina hay casi 7.200 menores en conflicto con la ley (es decir, que se encuentran cumpliendo una pena o restricción dictada por un juez), de los cuales el 18% (más de 1.300) se encontraban presos en alcaidías, centros cerrados y comisarías. El resto estaban, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario… Si se mira sólo a los adolescentes que están privados de su libertad por edades, “se observa que el mayor porcentaje a nivel nacional corresponde a los 17 años, los que representan casi un 43% de la muestra en el total del país. Por su parte, el 20,1% tiene 18 años al momento de la encuesta, y en el otro extremo hay un 3,8% con menos de 16 años”, señala el estudio.”
¿Han servido estas políticas en otros países para disuadir el delito?
¿Son acaso los adolescentes el “chivo expiatorio” para soslayar el abandono de políticas de Estado en materia de salud, educación, trabajo, contención e inclusión y evitar la discusión sobre una sociedad cada vez más desigual que está inserta en un sistema de explotación y expulsión que arrastra a jóvenes cada vez más jóvenes a la pobreza e indigencia siendo ellos los que más sufren las consecuencias de las políticas económicas y más padecen la desocupación y el ajuste?
Aquel estudio de Unicef aseguraba que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen casa y/o no acceden al sistema de la salud.
Entonces, ¿no es pura demagogia pretender bajar los índices de criminalidad bajando la edad de imputabilidad?
