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Piden habilitar sesiones extraordinarias para tratar la integración del Consejo de la Magistratura

La Ciudad28/12/20212 Mins read104 Views

El Consejo de la Magistratura pidió este lunes al Poder Ejecutivo que habilite sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. El motivo es resolver lo ordenado por la Corte Suprema en cuanto a que ese órgano vuelva a estar integrado por 20 miembros.

Durante un plenario celebrado este lunes también se aprobó por unanimidad delegar en el presidente del Consejo, Diego Molea, la facultad de levantar la feria de enero. De esta forma buscarán seguir trabajando sobre la elección de magistrados, abogados y académicos, a partir de que el máximo tribunal declarara inconstitucional la ley 26.080 que, en 2006, redujo a 13 los miembros del Consejo.

El miércoles último, con una reunión semipresencial, el Consejo comenzó a tratar el cumplimiento del fallo de la Corte que, para evitar “acciones hegemónicas” y el predominio del estamento político, ordenó que volviera a estar integrado por 20 miembros al declarar inconstitucional la ley que lo redujo a 13. Esa reunión, para “coordinar y planificar las elecciones” de cada clase, se celebró con autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Entonces algunos de los presentes expresaron sus dificultades-hasta se habló de “imposibilidad”- para realizar la respectiva elección de representantes.La integración actual del Consejo, tras la reforma de la ley 26.080, es con seis legisladores (tres por cada cámara, dos de la mayoría y uno de la minoría), tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Antes de la ley declarada inconstitucional estaba presidido por el titular de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores (cuatro por cada cámara, dos por el oficialismo, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría) cuatro abogados; dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

Fuente: Ámbito