Habrá en la provincia una fiscalía especial para investigar delitos contra la administración pública y estará interinamente a cargo de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Se avanza así en cumplir manda constitucional.
La unidad especial se crea en el seno del Ministerio Público Fiscal.
El procurador Jorge García firmó este miércoles una resolución en la que dispone la conformación de un órgano especializado en la investigación y acusación de delitos contra la administración pública y designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora hasta tanto se realice el concurso correspondiente.
En su función, la funcionaria contará con el “asesoramiento” del Consejo de Fiscales, que integran el Secretario General de Política Criminal y los fiscales coordinadores de cada jurisdicción, se consignó en la resolución.
Además, el jefe de los fiscales dispuso la creación de tres cargos de peritos contables y dos peritos informáticos, a fin de garantizar los medios técnicos y tecnológicos especializados para la investigación de delitos complejos, al menos hasta que la Legislatura determine qué personal técnico y científico se requiere para que la nueva estructura pueda funcionar de manera eficaz.
El procurador General Jorge García resolvió la creación de la unidad especial.
En la Convención Constituyente de 2008 se plasmó la creación de una Fiscalía Anticorrupción. La idea, promovida por el entonces convencional por el oficialismo Julio Federik, pretendía que sea el Poder Judicial quien investigue la corrupción en el Estado a través de un órgano especializado.
El artículo 208 de la Constitución reformada establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Ese funcionario, dice la carta magna, deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura. Mientras se sustancia el concurso, el organismo será coordinado por la procuradora adjunta.
La Constitución establece además que “la Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”. Por eso la necesidad de crear cargos para contadores y técnicos informáticos que colaboren en la investigación de causas que suelen ser complejas.
La procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche coordinará la Fiscalía hasta que se concurse conforme a la ley (F: Entre Ríos Ahora).
Sin embargo, la Legislatura nunca reglamentó ese artículo. De hecho, la Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada en 2015, no habla de la figura del fiscal anticorrupción. Ni siquiera lo menciona. De hecho, el procurador aportó otro dato en ese sentido, al señalar que “al redactar el borrador del proyecto que finalmente la Legislatura sancionó como Ley Orgánica del Ministerio Público habíamos previsto normas específicas de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de estos delitos”. Luego tampoco se enmendó ese olvido.
Cuando la Constitución Provincial está por cumplir diez años, el procurador echó a andar esta nueva estructura, por ahora coordinada por Cecilia Goyeneche, hasta que se realice el concurso que designe al fiscal anticorrupción.
Habló la flamante fiscal anticorrupción: «Ojalá» haya «arrepentidos» en Entre Ríos
“Ojalá” responde Cecilia Goyeneche, Procuradora Adjunta del Poder Judicial, flamante Fiscal Anticorrupción de la Provincia, al referirse a la eventual aparición de un “arrepentido” en alguna de las muchas causas por corrupción que tramita la Justicia entrerriana. Aunque enseguida aclara: “Nosotros, con o sin arrepentidos, llevamos las causas muy a conciencia. Tenemos pruebas muy importantes para llevar adelante la acusación. Si alguna persona quiere contarnos algo como arrepentida, encantados, los escuchamos, pero tenemos pruebas aunque no se arrepientan”.
Respecto de su designación como Fiscal Anticorrupción, contó que “es una decisión que veníamos trabajando hace tiempo con el Procurador. Ahora se plasmó en una resolución, que define esta función constitucional, que uno de los fiscales, que haya pasado por concurso, y que tenga jurisdicción en toda la provincia, tenga esta función específica”.
En su nuevo rol, descarta “un alto perfil mediático”, como ocurre ahora en la Justicia Federal porteña con la causa de los “cuadernos de la corrupción”, aunque aseguró que se avanzará “con el trabajo que ya venimos realizando, con el objetivo de que los delitos de corrupción tienen una importancia primordial”.
El artículo 208° de la Constitución reformada en 2008 estableció la existencia de una Fiscalía Anticorrupción que cobró vida diez años después, en 2018. Goyeneche cree que, aún cuando en la Legislatura haya dos iniciativas tendientes a reglamentar ese instituto -una del diputado Jorge Monge (Cambiemos); otra de Gustavo Zavallo, justicialista-, no es necesario una ley para reglamentar su instrumentación. “Lo que sí se necesita es la dotación de personal. Necesitamos personal específico, y no solamente abogados, porque resultan indispensables para la investigación de este tipo de delitos”, puntualizó en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.
Respecto del número de causas que se tramitan por corrupción actualmente en la Justicia entrerriana, dijo Goyeneche que suman 40 en Paraná, y que en toda la provincia son el doble.
En lo que hace al tiempo de duración de las investigaciones en la Justicia, sostuvo, “uno espera que estas investigaciones se resuelvan en menos tiempo. Pero para eso se requieren más recursos y que el Estado, en todas sus áreas, tuviera más transparentada la información. De igual modo, en las investigaciones importantes, hemos avanzado mucho”.
Menciona la remisión a juicio la causa que investiga el desvío de $24 millones en publicidad en vía pública durante el gobierno de Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, que fueron a parar a dos empresas que se adjudican al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, y en la que se sostiene un perjuicio al Estado de $12 millones. Y anticipa la elevación a juicio de la causa del parador playero de Urribarri en Mar del Plata, y la contratación de la productora de Jorge “Corcho” Rodríguez, Nellye Entertainment SA, por $28 millones, para publicitar la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en 2014.
(Fuente: Página Judicial y Entre Ríos Ahora)
