Según el último estudio del INDEC, 2 de cada 3 personas no tiene empleo y no se cumple el cupo laboral establecido por la legislación vigente del 4% en el empleo público a nivel nacional.
«Si bien se avanzó en la materia la deuda de incorporar a las Personas con Discapacidad (PcD) al empleo formal está muy lejos de saldarse, de hecho no se cumple el cupo laboral establecido por la legislación vigente, del 4% en el empleo público a nivel nacional«, indica en su informe Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).
De este informe también se desprende que el 13,6% de la población con discapacidad que no posee empleo no trabaja o no busca trabajo porque cree que no va a conseguirlo a causa de su discapacidad.
En un contexto donde son pocas las personas con discapacidad que acceden a un empleo formal, es necesario enfatizar en la problemática que gira en torno a la inaccesibilidad y desigualdad que genera la sociedad.
La discapacidad tiene un sesgo social y político por la inaccesibilidad del entorno, no sólo físico, también comunicacional y cultural, que resulta en un entorno poco amigable y hasta hostil.
El pedido de políticas inclusivas para este colectivo es central y lleva más de 25 años de luchas de organizaciones ya que la posibilidad de acceder a un empleo formal para este colectivo implica dificultades desproporcionadas con respecto al resto de la sociedad.
«El Estado debe salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Debemos salvaguardar el diseño universal para garantizar entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial», considera Ramos en su escrito.
Así mismo «hay que procurar se hagan los ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que requiera un trabajador o trabajadora en particular) en los puestos que así lo requieran. De esta forma estaremos trabajando por el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que asisten a las PcD tanto como a cualquier otra persona».
¿Qué es CAIDIS?
El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es una Asociación Civil sin fines de lucro. Fue creado en 1985, cuenta con la participación de más de 80 instituciones de todo el país e integra el Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad (FORO PRO).
Tras la crisis del 2001 en Argenina, CAIDIS tomó dimensión de la importancia en la defensa de los derechos laborales de Pcd La desocupación de las personas con discapacidad llegó aproximadamente al 80 % durante la crisis del 2001 lo que representa una gran incertidumbre en este momento.
Por este motivo, es imperativo garantizar el derecho al trabajo. Es relevante cumplir con el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para eliminar las barreras físicas y comunicacionales que obstaculizan el acceso al trabajo de las PcD, ya que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
Cabe destacar que en este sentido que la Convención es clara al expresar que los “Estados Partes reconocen el derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
Los objetivos del Consejo son:
1) Representar a las entidades afiliadas ante las autoridades oficiales y privadas, las instituciones vinculadas a la discapacidad, redes solidarias, Ministerio de Salud de la Nación y/o de las Provincias u organismos que los sustituyan y la opinión pública.
2) Representar a las personas con discapacidad, sus familias e instituciones que las comprenden ante los tres poderes del Estado, Obras Sociales públicas y mixtas, entes autárquicos y ONGs.
3) Defender los intereses vinculados a los derechos humanos, educación, rehabilitación, prevención, asistencia, inclusión, promoción, salud y/o emergencia sanitaria de las personas con discapacidad.
4) Asesorar, informar e influenciar en las políticas de discapacidad y salud.
5) Peticionar y gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales la sanción de normas legales y reglamentarias destinadas a mejorar o actualizar programas de atención integral específicos a cada discapacidad e influir en la determinación de las políticas de discapacidad.
¿Qué es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad?
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos. Está destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Fuente: Minuto Uno