Esta política no solo compromete el estado de las rutas —arterias clave que sostienen el 80% del tránsito de carga y pasajeros del país—, sino que también pone en riesgo el comercio, la conectividad y la vida de miles de personas que circulan a diario.
Este año, el Ejecutivo buscará licitar casi 10.000 kilómetros de rutas y caminos en todo el país, pero únicamente para asegurar su mantenimiento mínimo. En lugar de ampliar o mejorar la infraestructura, el objetivo es apenas evitar el colapso total de las vías. Sin embargo, los retrasos en las licitaciones y la dramática reducción de fondos agudizan la preocupación sobre el estado crítico de las rutas.
El desfinanciamiento de Vialidad Nacional, organismo bajo la órbita del ministro Luis “Toto” Caputo, ha dejado al ente prácticamente sin capacidad operativa. La reducción presupuestaria aplicada durante 2024 afecta directamente su función esencial: garantizar la circulación segura en el país.
Para 2025, el panorama es aún más alarmante: el gobierno deberá licitar el mantenimiento de al menos 9.342 kilómetros de rutas, vitales para el comercio interno y regional. La gravedad del recorte se refleja en situaciones concretas como el vencimiento de concesiones de la Ruta 12 —conocida como la “ruta del Mercosur”—, fundamental para el comercio con Brasil y Uruguay.
La falta de nuevas adjudicaciones ya provocó la pérdida de más de 500 empleos en el denominado “corredor 18”, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. A pesar de que el gobierno promete que Vialidad Nacional se hará cargo, la falta de recursos hace prácticamente inviable esa tarea.
Además, se proyecta un recorte del 30% de la planta de personal de Vialidad Nacional, sobre un total de 5.200 trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV) denunció que en 2024 el organismo dejó de recibir $350.000 millones, fondos esenciales que debían ser transferidos desde el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) pero que fueron retenidos por el Ministerio de Economía.
La magnitud del ajuste es tal que, con esos fondos, se podrían haber reparado baches en más de 3.400 kilómetros de rutas y acondicionado más de 26.000 kilómetros de banquinas. En cambio, la falta de inversión convierte las rutas nacionales en un peligro constante.
La situación podría agravarse aún más con la anunciada privatización de más de 8.500 kilómetros actualmente a cargo de Corredores Viales S.A. Entre los tramos afectados están la Ruta Nacional 33 (Santa Fe-Bahía Blanca), la Ruta Nacional 18 (Entre Ríos) y la variante de la Ruta Nacional 19 (Córdoba).
Hoy, Vialidad Nacional debe afrontar tareas extraordinarias, como servicios de emergencia y despeje de calzadas, sin los recursos mínimos para garantizar un servicio eficaz. Aunque se habilitaron líneas gratuitas y un WhatsApp de emergencias, estas medidas resultan absolutamente insuficientes frente a la dimensión del problema.
La crisis vial también empieza a generar tensiones políticas: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió recientemente con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, buscando atenuar los efectos del ajuste en su provincia.
En definitiva, el ajuste feroz impulsado por Milei no solo destruye la infraestructura vial, sino que también pone en juego la seguridad de millones de personas, debilita el comercio y arrastra a cientos de familias al desempleo y la incertidumbre.
(fuente: https://primereando.com.ar/)
