Por Rodolfo Oscar Negri –
Respondiendo a la convocatoria Comisión Memoria, Verdad y Justicia, en contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el que se le otorga el beneficio del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad en la noche del 10 de mayo en la Plaza Ramírez.
La consiga de la convocatoria era ‘Señores jueces: nunca más. Ningún genocida suelto. Treinta mil detenidos y desaparecidos presentes’ y el objetivo fue repudiar “esa decisión, que retrotrae hacia un pasado nefasto al que la sociedad argentina no quiere volver”, tal como se efectuó simultáneamente en el resto del país.
Nutrida cantidad de gente se fue haciendo presente a partir de las 20 horas (familiares de desaparecidos,
representantes de organismos de derechos humanos, militantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas y vecinos auto convocados) destacándose notoriamente la presencia de jóvenes.
Aproximadamente a las 20,30 en la esquina de Galarza y 25 de Mayo comenzó a realizarse una marcha que recorrió el perímetro del principal paseo uruguayense. Luego la multitud se concentró en el centro de la Plaza Ramírez, al lado de la pirámide, concluyendo el acto con la lectura de un documento que –entre otras cosas- manifestaba que “los organismos de derechos humanos de Entre Ríos volvemos a manifestarnos en contra la decisión de la CSJ. Como expresáramos el viernes pasado, ese fallo judicial merece nuestro más enérgico repudio y nos ha provocado una profunda indignación y dolor, que son los que vive todo el pueblo argentino. Al considerar aplicable el beneficio de la derogada ley 24.390, conocida como 2×1, la corporación judicial, aliada al poder político, perpetró uno de los embates más violentos en contra de las conquistas logradas en materia de derechos humanos. Se pretendió así poner freno al proceso de juicio de castigo a los responsables del terrorismo de Estado que, desde la caída de las leyes de impunidad, permitió condenar a 750 militantes, miembros de fuerzas de seguridad y civiles”.
“Sin embargo, los que planificaron este verdadero golpe al estado de derecho no tuvieron en cuenta la fuerza de la reacción popular: las plazas del país fueron escenarios de actos y movilizaciones en rechazo a un fallo injusto, ilegal, inconstitucional, violatorio de los pactos internacionales y contradictorio con lo que ha sido norma en la jurisprudencia argentina durante los últimos lustros”, se subrayó.
