Anulará decretos de la gestión albertista. Nuevo esquema para concesionar el dragado y balizamiento del corredor fluvial y aumento en los peajes.
El primer punto del decreto, que se conocerá en los próximos días, procede a dejar sin efecto el DNU 949/20 de la gestión de Alberto Fernández que había dispuesto el llamado a una licitación internacional para volver a concesionar, bajo el régimen de peaje y sin aportes del Estado, las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía a un nuevo y único operador privado.

El cuarto punto promete generar ruido con las siete provincias ribereñas, ya que determina el cierre y supresión del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), el órgano regulador creado en 2021 que está integrado por 15 miembros designados por la Nación y los gobiernos provinciales.
El Ecovina se alimenta del 0,5% de los ingresos por peajes que recibe actualmente la Administración General de Puertos (AGP), que tiene a su cargo la concesión transitoria de la hidrovía con la subcontratación del dragado y balizamiento a empresas privadas.
Con su sede operativa montada Rosario, el ente que va camino a desaparecer tiene entre sus tareas principales el control de los contratistas de la hidrovía y la confección de los pliegos de bases y condiciones de la licitación albertista que debía extenderse hasta 2037. Ahora, los nuevos pliegos quedarán a cargo de la AGP.

El argumento oficial para eliminar el Ecovina y traspasar las tareas de control a la SPVN se fundamenta en que “a los fines de armonizar las competencias administrativas asignadas a los órganos de Gobierno y con el objeto de evitar interpretaciones equívocas, resulta necesario derogar el decreto 556/2021, a los efectos de evitar la innecesaria intervención estatal sobre aquellas cuestiones ya atendidas por distintas dependencias, dado que así se brindará un adecuado tratamiento al erario público en lo que hace a la organización administrativa”.
El quinto del DNU golpea de frente a los gremios del sector al declarar como “servicio público a todas las actividades inherentes a la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal y demás vías navegables de la República Argentina”.
Según la visión libertaria, la medida se enmarca en DNU desregulador 70/23 y apunta a “evitar paralizaciones y medidas de acción directa por parte de los sindicatos de dragado, balizamiento, amarre, estiba y remolque de buques que desarrollan actividades consideradas como esenciales”.
El siga, siga y los aumentos
Hasta que concluya el nuevo proceso licitatorio que la gestión mileísta prevé llevar adelante para volver a transferir a manos privadas la hidrovía, la concesión del dragado y balizamiento y el cobro de los peajes a los barcos seguirán bajo la órbita de la AGP a cargo Gastón Benvenuto, ex apoderado del grupo Blaquier.
Desde que se hizo cargo de la concesión de la hidrovía en setiembre de 2021, el organismo portuario tiene subcontratadas las tareas de dragado con Compañía Sud Americana, del grupo belga Jan de Nul, y el balizamiento con la firma local Emepa.
Con la empresa de Jan de Nul rige una contratación directa que se viene prorrogando periódicamente desde fines de 2021. En cambio, Emepa se quedó con el señalamiento y mantenimiento de boyas tras haber ganado una licitación con la oferta más baja.
Más allá de los cambios que provocará la aprobación del decreto, las empresas y exportadoras que conforman el Círculo Rojo de la hidrovía siguen con preocupación otra medida que analiza la administración libertaria: un aumento de entre 25% y 30% en las tarifas de los peajes para poder subsanar el déficit operativo que arrastra la AGP.
(fuente: letrap.com.ar)