“Queremos seguir enseñando”, dice el rector Ricardo Gelpi en el arranque de la grabación publicada por la UBA en YouTube, en la que remarcan que la ley “es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública” y “no es contra nadie”.
La iniciativa, aprobada por el Senado el 22 de agosto, encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.
Un proyecto similar fue aprobado el año pasado y luego el Presidente la vetó. Eso explica la acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que coincide, a la vez, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso, sino prorrogado.
“Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios. Este año la situación se agravó porque la recomposición salarial no logró compensar la inflación, lo que llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo”, recordaron los decanos en un comunicado.
Esta vez, el proyecto fue aprobado por el Senado por 58 votos a favor, solo 10 en contra (los siete senadores de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría rechazar el eventual veto que Javier Milei promete ante toda las iniciativas que rompen el equilibrio fiscal. Habrá que ver qué decisión toma el Presidente ahora, tras el revés electoral del domingo que varios analistas relacionaron con el ajuste en sectores claves, como discapacidad, jubilados, salud y educación.
Por su parte, el sistema universitario ya está viralizando el lema «Si hay veto, hay marcha”. Así lo ratificaron los rectores de las universidades nacionales en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Rosario, la semana pasada. Allí insistieron en la necesidad de una ley de presupuesto anual que garantice el funcionamiento de las casas de estudios superiores y aprobaron el monto que pedirán al Ejecutivo para funcionar en 2026: $7,32 billones.
Esta cifra, dijeron, actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023, el último aprobado por el Congreso Nacional; contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios, según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) también se sumó a la consigna para realizar un paro nacional el día siguiente del anunciado veto, si se concretara. Y propusieron acompañarlo con una propuesta frente al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación nacional.
La Asociación Gremial Docente de la UBA anunció la “continuidad al plan de lucha de la docencia universitaria por el salario” con una semana de acciones con paros activos, asambleas, y una jornada con clases públicas en la Plaza de Mayo este miércoles.
La norma aprobada también prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Y fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
“Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando. Porque sin ellos, la universidad no sería la misma. Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes”, dicen los decanos en el video difundido.
Y siguen: “No queremos que nadie quede afuera. La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública”.
“No se trata de ideologías. No se trata de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública. La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan, y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario. Que se implemente cuanto antes. Para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”, cierran.
Junto con Gelpi, participan del video Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; Adriana Mabel Rodríguez, decana de Agronomía; Ricardo José María Pahlen, decano de Ciencias Económicas; Alejo Pérez Carrera, decano de Ciencias Veterinarias; Luis Ignacio Brusco, decano de Ciencias Médicas; Pablo Andrés Evelson, decano de Farmacia y Bioquímica; Carlos Mariano Venancio, decano de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Leandro Vergara, decano de Derecho; Ana Josefina Arias, decana de Ciencias Sociales; Ricardo Alejandro Manetti, decano de Filosofía y Letras; Alejandro Manuel Martínez, decano de Ingeniería; Jorge Antonio Biglieri, decano de Psicología; Guillermo Alfredo Durán, decano de Ciencias Exactas y Naturales; Pablo Alejandro Rodríguez, decano de Odontología, y Felipe Alejandro Vega Terra, director del Ciclo Básico Común (CBC), informó La Nación.
(fuente: APFDigital)
