Por Juan Martín Garay (*) –
LA LUZ NO DEJA DE AUMENTAR. Ese es el dato que vuelve a golpear el bolsillo de los entrerrianos. El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), autorizó un nuevo aumento en la tarifa eléctrica. La Resolución EPRE N.º 102/26 confirmó que, desde agosto, los usuarios pagarán nuevamente más por el servicio.
UN NUEVO AUMENTO QUE NO PARECE TENER TECHO
No se trata de un hecho aislado. Es la continuidad de una política que, desde hace más de dos años, convirtió a la energía en un bien cada vez más difícil de sostener para familias, jubilados, comerciantes, productores y pequeñas empresas.
El problema ya no es solamente el incremento de este mes. El verdadero problema es que no se vislumbra un límite. Los aumentos dejaron de sorprender porque se volvieron permanentes. Cada actualización representa una nueva pérdida del poder adquisitivo y un golpe más para quienes deben afrontar facturas que crecen mucho más rápido que sus ingresos.
DETRÁS DE CADA AUMENTO HAY DECISIONES POLÍTICAS
Las tarifas no aumentan por generación espontánea. Detrás de cada incremento hay decisiones políticas.
El Gobierno Nacional continúa trasladando a las tarifas los mayores costos de la energía mediante la quita de subsidios y la actualización de los precios mayoristas. A su vez, el Gobierno Provincial, a través del EPRE, autoriza los nuevos cuadros tarifarios e incorpora componentes que siguen incrementando el costo final que pagan los usuarios.
La propia Resolución EPRE N.º 102/26 aplica la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), incorpora los cambios nacionales en los precios mayoristas y mantiene el canon destinado a financiar la Estación Transformadora Gran Paraná.
UNA RESOLUCIÓN QUE YA ANTICIPA NUEVOS AUMENTOS
Hay un aspecto de la resolución que merece especial atención. En su artículo 3°, el EPRE establece expresamente que el cuadro tarifario aprobado quedará sujeto a nuevas modificaciones si la Secretaría de Energía de la Nación vuelve a modificar los precios mayoristas de la energía, la potencia o el transporte.
Es decir, el aumento de agosto no garantiza estabilidad. La propia norma deja abierta la puerta a nuevos incrementos si continúan cambiando las variables definidas por el Gobierno Nacional. La incertidumbre también pasó a formar parte de la factura de luz.
LOS MUNICIPIOS TAMBIÉN PAGAN LA LUZ
Los municipios poco pueden hacer frente a este escenario. Son, al igual que cualquier familia, comercio, industria o institución, un usuario más del servicio eléctrico. No fijan el precio de la energía, no determinan la política nacional de subsidios ni aprueban los cuadros tarifarios.
Por el contrario, también deben afrontar los incrementos en sus propias facturas para sostener el alumbrado público, los edificios municipales y la prestación de servicios esenciales. Las decisiones que verdaderamente impactan en el costo de la energía se toman en los gobiernos nacional y provincial.
EL FEDERALISMO TAMBIÉN SE MIDE EN LA FACTURA
El federalismo no se pone a prueba únicamente cuando se distribuyen recursos. También se mide por cómo se distribuyen las responsabilidades y los costos de las decisiones públicas.
Cuando la política energética se define desde el Gobierno Nacional, cuando la Provincia instrumenta esos aumentos a través del EPRE y cuando los municipios y los usuarios solo reciben las consecuencias sin participar de esas decisiones, el federalismo pierde contenido real.
La energía eléctrica es un servicio esencial. Sin embargo, para miles de familias, comercios, productores y pequeñas empresas, sostener su pago resulta cada vez más difícil. Y eso debería encender una señal de alarma en quienes tienen la responsabilidad de definir la política tarifaria.
Porque la luz no deja de aumentar. Y, mientras tanto, el federalismo sigue sin prender la luz.
(*) Abogado y Concejal. Vicepresidente 1° del HCD de Concepción del Uruguay. Presidente del Bloque “Juntos por Uruguay” – P J.
