Por Luciana Bertoia
Milei acaba de firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, que reforma todo el sistema de inteligencia e impacta en los de seguridad y defensa. ¿Cuáles son los cambios más trascendentes?
El núcleo central de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) estará orientado a la contrainteligencia. Esto implica, según el decreto, evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia e injerencia de factores externos en detrimento del proceso de toma de decisión de las autoridades, etcétera. Es muy amplio y habilita la intervención de la agencia ante casi cualquier escenario. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que el decreto resucita la lógica del enemigo interno.
Toda la administración pública intercambiará información con la SIDE sin que quede claro cuáles son los controles.
La SIDE podrá involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad o inteligencia interna, algo que estaba vedado después de la experiencia de la última dictadura.
El jefe de la SIDE será quien discuta el presupuesto y la asignación de recursos con las áreas de inteligencia del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, lo que hará que la dependencia funcional sea más fuerte que la orgánica.
Ya no existirá la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Esto implica que el Ministerio de Defensa, como autoridad civil, no tiene inteligencia propia sino que depende de la que hacen las Fuerzas Armadas. Esta decisión no es ajena al proceso de militarización de la política de Defensa que significó la llegada de Carlos Presti al Edificio Libertador.
Todas las actividades del sistema de inteligencia —o sea, la SIDE ampliada— tendrán carácter “encubierto”. La definición es extraña, pero se supone que serán secretas. El secreto favorece la falta de control. La justicia argentina dio por acreditado que la SIDE en el pasado usó sus fondos reservados para desviar nada más y nada menos que la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA.
La oposición reclama que Martín Menem y Victoria Villarruel constituyan las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). El propósito será intentar voltear el DNU 941/2025, como sucedió con el 656/2024, que le daba 100 mil millones de pesos a la SIDE para ser usados como fondos reservados.
Todo indica que el tema se terminará judicializando. El CELS impugnó ante la justicia en lo contencioso administrativo el DNU 614/2024, a través del cual Milei eliminó la Agencia Federal de Inteligencia y resucitó a la SIDE.
El Poder Judicial suele tomarse sus tiempos, pero finalmente los fallos salen, como salió la resolución del juez Martín Cormick que declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
El 13 de febrero próximo comenzará en los tribunales de Comodoro Py un nuevo juicio que se centrará en el rol que tuvo la SIDE durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 juzgará lo sucedido en dos centros clandestinos, Automotores Orletti y la base Pomar —el último lugar en ser identificado por el juzgado de Daniel Rafecas—. Si te interesa conocer más sobre la historia de la SIDE, te dejo este micrositio.
En 2026 recordamos los 50 años del golpe genocida. Página/12 lo destaca en su tapa, donde podés ver que al logo del diario se sumó el pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En la víspera de este aniversario, el abogado Pablo Llonto hizo una serie de presentaciones para relanzar en la justicia una búsqueda sobre los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Llonto sostiene que, a lo largo de los años, hubo ejemplos que demuestran que parte de esos documentos —sobre lo sucedido con los desaparecidos— están en poder de las fuerzas o de algunos de sus integrantes.
Si en otros años la esperanza estaba puesta en la búsqueda que podía hacer el Poder Ejecutivo, eso no corre en este contexto. Lo primero que hizo Luis Petri fue desmantelar los equipos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir a las causas de lesa humanidad. En Comodoro Py también avanza una denuncia del fiscal Félix Crous por el intento de destruir documentación en el Archivo General de la Armada.
El lunes, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, acompañados por el abogado Eduardo Tavani, fueron hasta los tribunales de Retiro para denunciar a la diputada Lilia Lemoine por sus expresiones acerca de los “vuelos de la muerte”. La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo.
