A pesar de su buen desempeño, la decisión de cerrar COPREC se tomó sin proponer alternativas adecuadas que garanticen la continuidad de la defensa del consumidor.
Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre los casos en trámite. Miles de consumidores habían iniciado procedimientos dentro del sistema de COPREC con audiencias ya programadas y conciliadores asignados. La disolución del Registro deja a estos profesionales en una situación de incertidumbre y a los consumidores sin garantía de continuidad en sus reclamos. En primer lugar porque si el Registro Nacional de Conciliadores (ente que habilitaba a los conciliadores a actuar)es disuelto, los conciliadores que seguirán hasta finalizar los procedimientos previos, no tendrán un paraguas legal bajo el cual actuar. La Secretaría de Comercio e Industria, encargada de finalizar las cuestiones pendientes, no ha dado respuestas concretas sobre cómo se resolverán estos casos, lo que genera inseguridad jurídica y vulnera derechos adquiridos.
El cierre de COPREC no es un hecho aislado, sino el reflejo de un Estado que se retira de la defensa de los derechos de los consumidores. Esta medida se suma al desmantelamiento de programas de apoyo, como el sector de Hipervulnerables y la Unidad Especializada de Sobreendeudamiento, y a la reducción de personal en áreas clave de protección al consumidor. Sin un sistema sólido de conciliación, los ciudadanos quedan en una posición de desventaja frente a las grandes empresas, que ahora tienen menos incentivos para resolver conflictos de manera voluntaria.
En definitiva, la desaparición de COPREC significa un grave retroceso en materia de defensa del consumidor. Se desmantela un sistema que, con voluntad política y mejoras en su implementación, podría haber sido perfeccionado en lugar de eliminado. La protección de los consumidores no puede quedar librada a la voluntad del mercado ni a sistemas ineficaces. Urge que el Estado revierta esta decisión y garantice un mecanismo adecuado y accesible para la resolución de conflictos de consumo. De lo contrario, los principales perjudicados serán, una vez más, los ciudadanos.
(fuente: https://www.ambito.com/)