por Juan Martín Garay –
Lo que se anunció como un tope del 30% terminó derivando, en muchos casos, en subas reales que llegan hasta el 130%. La diferencia no es técnica: es política.
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos volvió a apelar a una estrategia conocida: presentar un aumento impositivo como si fuera un beneficio. El anuncio de la ATER sobre el impuesto inmobiliario urbano habló de topes, alivios y premios al “buen contribuyente”. Sin embargo, cuando se observan las boletas que llegan a los hogares, el discurso oficial no resiste el contraste con la realidad.
El llamado “tope del 30%” no se aplica sobre el total a pagar, sino solo sobre una parte del impuesto. El resultado es claro y verificable: muchos contribuyentes están recibiendo aumentos finales que van del 80% al 130% respecto del año anterior. No es una exageración ni una interpretación política: es lo que muestran los números.
Todo lo demás —descuentos condicionados, prórrogas de vencimientos y explicaciones técnicas— funciona como maquillaje comunicacional. Puede suavizar el anuncio, pero no modifica el impacto real en el bolsillo. El impuesto aumenta. Y lo hace muy por encima de lo que se comunicó.
Decir esto no implica desconocer la necesidad de recursos públicos ni negar la complejidad del sistema tributario. Implica algo más básico: honestidad en la comunicación. Cuando un aumento se disfraza de beneficio, lo que se pierde no es solo dinero, sino también confianza.
Porque cuando se corre el relato, lo que queda en la boleta no es un alivio.
Es un aumento de hasta el 130%.
Juan Martín Garay–Abogado – Concejal-Concepción del Uruguay
