Coninagro y Federación Agraria Argentina expusieron su postura ante las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Advierten sobre el impacto de aplicar Ganancias a las cooperativas, la flexibilización en la venta de campos a extranjeros y los posibles recortes en organismos clave del sector.
La agenda de proyectos legislativos que analiza el Congreso de la Nación generó la reacción de las principales entidades del sector agroindustrial.
En el marco de sus reuniones institucionales, tanto el Consejo de Administración de Coninagro como el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina (FAA) fijaron posición sobre las iniciativas que proponen modificar el tratamiento tributario del cooperativismo y alterar marcos normativos vigentes.
La posibilidad de aplicar el impuesto a las Ganancias sobre los excedentes de las cooperativas encendió la alarma en los dirigentes de la mesa de enlace.
El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, remarcó durante la reunión de la entidad: “Sería un error cambiar la naturaleza de las cooperativas. Ellas, en cabeza de los dueños, son quienes tributan por lo tanto ya pagan ganancias”.
A su vez, desde la Federación Agraria ratificaron el rechazo a cualquier medida que pretenda gravar los excedentes cooperativos.
La entidad remarcó que las cooperativas carecen de fines de lucro, ya que prestan servicios a sus asociados, dinamizan la economía local y fomentan el arraigo en los pueblos del interior.
Según explicaron, al contar con un régimen específico, elevar la presión fiscal afectará la capacidad asistencial hacia los pequeños y medianos productores.
El debate contó con la participación del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, quien asistió a la reunión previa de Coninagro.
Respecto a las cooperativas, el legislador señaló: “Considero que el sistema cooperativo ha sido el primer Rigi de la historia argentina, y creo que ese es un muy buen ejemplo de todo lo que pudieron progresar gracias a tener algún diferencial en materia impositiva”.
Asimismo, sostuvo que la intención del plan económico del Gobierno es lograr un crecimiento que permita reducir impuestos en forma progresiva para toda la economía.
Debate por la Ley de Tierras y la soberanía sobre los recursos
La modificación de la Ley de Tierras Rurales, finalmente postergada, representó en los últimos días otro de los puntos centrales de la discusión parlamentaria.
Durante su exposición ante Coninagro, el senador Paoltroni defendió el avance de leyes orientadas a garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y acelerar desalojos, destacando además la flexibilización de los límites para la venta de tierras a extranjeros.
En contraste, el Consejo Directivo Central de la FAA emitió un documento dirigido a los legisladores en el que manifestó una “profunda preocupación”.
La entidad sostuvo que el proyecto buscaba eliminar los topes de adquisición del territorio nacional a capitales internacionales sin evaluar su impacto sobre los recursos naturales estratégicos.
“El verdadero debate es cómo preservamos la soberanía sobre recursos como la tierra, el agua y otros bienes esenciales. Promover inversiones productivas es muy distinto a favorecer la extranjerización sin límites ni controles”, argumentó la dirigencia.
En esa línea, FAA reclamó mantener el rol del Estado como autoridad de control y solicitó preservar el marco normativo de la Ley de Arrendamientos Rurales mediante una reforma integral que brinde previsibilidad a arrendatarios y pequeños productores, descartando su derogación total.
La defensa del Ipcva, la Coviar y el uso propio de las semillas
El posicionamiento de la Federación Agraria incluyó además un pedido explícito para sostener el financiamiento y la continuidad de instituciones de la cadena agroindustrial.
La entidad defendió la vigencia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), remarcando que ambos entes articulan el trabajo público-privado para abrir mercados externos y promover las economías regionales sin representar un gasto para el Tesoro Nacional.
Finalmente, en cuanto al debate técnico para actualizar la Ley de Semillas y la protección de la propiedad intelectual, FAA ratificó su respaldo al convenio Upov 78.
La entidad exigió que cualquier modificación legislativa respete de manera irrestricta el derecho al uso propio para siembra por parte de los agricultores, con el objetivo de resguardar el equilibrio entre la innovación biotecnológica y la protección frente a posiciones dominantes en el mercado de insumos.
(fuente: https://www.aimdigital.com.ar/)
