Un informe del Círculo de Políticas Ambientales alertó que la flexibilización de los controles favorece la importación de productos de baja calidad o corta vida útil que pueden convertirse rápidamente en desechos peligrosos.
El proceso de desregulación de las importaciones impulsado por el Gobierno nacional desde fines de 2023 podría facilitar el ingreso de productos que, por su baja calidad o escasa vida útil, se convierten rápidamente en residuos con potencial impacto ambiental y sanitario.
Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que advierte sobre la llegada de los denominados «residuos encubiertos».
Según el documento, la flexibilización normativa reemplazó controles preventivos, certificaciones obligatorias y verificaciones técnicas estatales por sistemas de declaraciones juradas, auditorías posteriores y el reconocimiento de certificaciones emitidas en el exterior. Para la organización, esto redujo la capacidad del Estado para detectar productos potencialmente riesgosos antes de su ingreso al país.
«La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente», sostuvo María Eugenia Testa, directora del CPA.
Qué productos generan preocupación
El informe identifica seis grupos de productos alcanzados por la flexibilización normativa:
- Ropa usada.
- Pilas y baterías.
- Neumáticos usados y recauchutados.
- Aparatos médicos usados.
- Juguetes.
- Cosméticos y artículos de higiene personal.
De acuerdo con el estudio, muchos de estos bienes pueden contener metales pesados, sustancias tóxicas o microplásticos, además de convertirse rápidamente en residuos que terminan siendo gestionados por los municipios.
El caso de la ropa usada
Uno de los datos más llamativos corresponde a la importación de ropa usada. El informe señala que en 2025 ingresaron 4,6 millones de kilos, frente a apenas 24.000 kilos registrados en 2024, lo que representa un crecimiento superior a 190 veces en apenas un año.
Según el CPA, el 90% de esas prendas ingresó desde Chile por vía terrestre y el 84% lo hizo a través de la aduana de Jujuy, con destino principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Pilas, juguetes y neumáticos
El trabajo también advierte sobre los cambios regulatorios que alcanzaron a las pilas y baterías, donde se eliminó la exclusividad del INTI como organismo certificador y se habilitó la validación de certificaciones extranjeras. El riesgo señalado radica en la posible presencia de mercurio, cadmio y plomo, materiales altamente contaminantes.
En el caso de los juguetes, el informe indica que la certificación previa fue reemplazada por una declaración jurada y alerta sobre posibles riesgos vinculados a plomo, ftalatos, piezas pequeñas y pilas defectuosas.
Respecto de los neumáticos usados y recauchutados, el CPA recuerda que el DNU 70/2023 eliminó la prohibición vigente desde 2002 para su importación. El estudio advierte que estos residuos pueden generar lixiviados con metales pesados, incendios de difícil extinción y focos de proliferación de mosquitos.
Cosméticos y microplásticos
Otro de los puntos abordados es la flexibilización de los controles sobre cosméticos. Si bien la Ley 27.602 prohíbe los microplásticos añadidos intencionalmente, el informe sostiene que distintas disposiciones de ANMAT implementadas durante 2025 reemplazaron controles previos por declaraciones juradas y fiscalizaciones posteriores.
Según el documento, los microplásticos presentes en este tipo de productos llegan a cursos de agua porque las plantas de tratamiento no logran filtrarlos completamente.
Los municipios, los principales afectados
Desde el Círculo de Políticas Ambientales sostienen que el principal efecto de estas modificaciones será el traslado de los costos de gestión de residuos hacia los gobiernos locales.
«En un contexto donde la gestión de residuos ya enfrenta importantes desafíos, esto podría incrementar la presión sobre los sistemas municipales de recolección y disposición final», advirtió Testa.
El informe concluye que se trata de un proceso de «desregulación silenciosa», cuyos efectos podrían hacerse visibles de manera gradual en los próximos años tanto en materia ambiental como sanitaria, y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener estándares adecuados de seguridad y protección ambiental.
(fuente: Bae Negocios)
