El 4 de julio de 1976, la dictadura asesinó a tres sacerdotes y a dos seminaristas. A los pocos días, la embajada norteamericana sabía quiénes habían sido los autores, y la Iglesia tenía fundadas sospechas. Medio siglo después, sigue el reclamo para esclarecer el hecho y juzgar a sus responsables.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos fueron asesinados a sangre fría en la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Cuatro días después, la embajada de Estados Unidos tenía certeza de que la masacre había sido perpetrada por la Policía Federal Argentina (PFA). A cincuenta años de ese crimen –considerado el mayor ataque contra la Iglesia Católica ocurrido durante los años del terrorismo de Estado–, el reclamo para que se identifique y se juzgue a los responsables persiste.
Era domingo. La primera misa de ese día sería a las ocho de la mañana. Ese servicio, en general, era ofrecido por el padre Alfredo Leaden.
Rolando Savino tenía 16 años en julio de 1976 y era monaguillo en San Patricio. Ese 4 de julio salió bien temprano. A las 7.20 ya estaba parado afuera de la parroquia. Calculó que en diez minutos más deberían abrir la iglesia. Pasó el tiempo y empezó a preocuparse. Pensó que se habrían quedado dormidos.
El muchacho encontró una persiana levantada en la parte trasera de la casa parroquial. Ingresó por allí. Vio que las luces estaban encendidas y que estaba la perrita que vivía con los sacerdotes. Tomó el manojo de llaves y se encaminó a abrir la iglesia para que la feligresía no siguiera tomando frío afuera.
Preparó las cosas para la misa, pero pasaron los minutos y el cura que debía dar el oficio no llegaba. Decidió volver a entrar en la casa parroquial. Imaginó que podría haberles pasado algo porque la estufa estaba encendida. Cuando subió las escaleras, no podía creer lo que veía. Todo tirado: papeles, libros, documentos, hasta un colchón.
En el piso de una de las habitaciones, boca abajo, yacían los cuerpos de cinco integrantes de la comunidad palotina: los sacerdotes Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Los dos muchachos todavía tenían puestos los abrigos y las bufandas que habían usado la noche anterior, cuando habían ido al cine. Todo indica que fueron sorprendidos al regresar a la casa parroquial.
En la madrugada, Julio Víctor Martínez se había asustado al llegar a su casa al comprobar que había dos autos Peugeot estacionados en la mano contraria a la parroquia. Pudo ver que había hombres dentro de los vehículos. Por eso, fue hasta la comisaría 37ª a dar aviso.
Un patrullero fue a comprobar que todo estuviera bien. Después, le dijeron al policía que estaba asignado a la custodia del padre de Martínez, que era el interventor de la dictadura en Neuquén, que si escuchaba unos “cohetazos” no se asomara porque iban a “reventar a unos zurdos”.
La información de la embajada
El 8 de julio de 1976, la embajada de los Estados Unidos envió un cable al Departamento de Estado con datos precisos acerca de lo que había pasado en la parroquia de San Patricio.
“Está claro ahora que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no del Ejército. La policía creía que los dos seminaristas estaban involucrados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, cuya sede no está lejos de la iglesia; en consecuencia, fueron considerados objetivos legítimos de la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía perpetró en represalia por el atentado contra policías del 2 de julio”, decía la comunicación que fue desclasificada a pedido de los organismos de derechos humanos.
En efecto, el 2 de julio de 1976 había estallado una bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde la Policía Federal Argentina (PFA) concentraba su estructura de inteligencia y regenteaba un centro clandestino de detención. Montoneros se atribuyó la responsabilidad por el hecho que causó 23 muertos.
“Según fuentes del agregado legal, la policía nunca creyó que el líder montonero Mario Firmenich estuviera siendo escondido por los curas. Era simplemente una historia fabricada para justificar el asesinato que incluso para los estándares argentinos fue excesivamente brutal e indiscriminado. Fuentes policiales enfatizaron que los asesinatos fueron cometidos por oficiales que no tenían autorización de las jerarquías”, continúa el telegrama.
Al momento de la bomba en la SSF, quien conducía la PFA era Arturo Corbetta, un general que se oponía a los métodos de la represión ilegal y que acababa de ser designado para comandar la fuerza. Si bien Corbetta intentó frenar la cacería que se estaba orquestando en respuesta al atentado de Montoneros, no tuvo éxito. A los pocos días fue removido del cargo por Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.
Otro cable, esta vez del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, aportaba más precisiones: el ataque había sido perpetrado por seis oficiales de la PFA sin órdenes de sus superiores y sin sufrir ninguna consecuencia por la masacre. Ninguno resultó sancionado.
En el documento del FBI aparecía mencionado Carlos Vicente Marcote como una de las fuentes consultadas. Marcote, conocido como el “Lobo”, era por entonces director general de operaciones de la SSF. Por el cargo que tenía, era una de las máximas autoridades dentro de esa dependencia de la PFA.
La sospecha de la Iglesia
En la misma semana de la masacre, el nuncio apostólico se reunió con el embajador estadounidense Robert Hill. En ese encuentro, Pío Laghi le comentó que el arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, pensaba que la matanza de los palotinos había sido una represalia por la bomba en la SSF.
Aramburu había estado el 4 de julio en la casa parroquial. Allí le había encomendado al padre Efraín Antonio Sueldo Luque que tomara dos declaraciones de dos chicos que querían aportar sus testimonios. Ambos habían visto a los hombres armados salir de la parroquia durante la madrugada.
El sacerdote tenía bastante experiencia. Había trabajado durante siete años en un juzgado criminal de Córdoba. Por eso recibió las declaraciones y también confeccionó un informe que le llevó el martes 6 al propio Aramburu.
Sueldo Luque había estado en San Patricio desde las 9.15 de la mañana del 4 de julio. Cuando llegó, vio cómo se llevaban tres cuerpos. Pudo subir sin problemas hasta el primer piso de la casa parroquial, donde encontró los otros dos cadáveres y tuvo varios encontronazos con integrantes de la comisaría 37ª que, por ejemplo, procuraron retirarlos como NN pese a que él podía identificarlos.
En la casa parroquial, más tarde se encontró con Corbetta, a quien le dijo que habían borrado una inscripción hecha con tiza en una de las puertas y que hacía referencia a los “camaradas muertos en Seguridad Federal”. Corbetta lo escuchó con preocupación.
Cerca de las tres de la tarde de ese domingo, Sueldo Luque concurrió a la comisaría 37ª. Lo recibieron el subcomisario y un comisario inspector, que estaba de civil. Le pidieron que colaborara con ellos porque no sabían cómo encarar la investigación.
–Había unas leyendas que podrían ser indicativas. Lamentablemente personal de la policía las borró. Estaban con tiza –respondió Sueldo Luque.
–Pero fueron fotografiadas. Todo está documentado –se atajó el subcomisario.
–Pero también estaban unas siglas en la alfombra que fue traída aquí a la comisaría, que decía MSTM, que no sé qué significará –continuó el cura.
–Es Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo –respondió el comisario inspector.
–Bueno, pero no creo que ese movimiento sea el autor de la masacre –replicó con ironía Sueldo Luque.
El párroco terminó de escribir esa misma tarde el informe en el que protestaba porque la PFA quería instalar que los matadores eran de izquierda.
Nunca hubo condenados por la masacre de los palotinos. La única excepción fue el periodista que investigó el caso, Eduardo Kimel, que recibió una sentencia por criticar la “pesquisa” hecha por el juez Guillermo Rivarola.
Durante años se pensó que el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) había estado detrás de los homicidios. Sin embargo, desde hace tres años el caso está en manos del juez federal Daniel Rafecas para que sea investigado como parte de los crímenes que se cometieron desde la SSF. Un policía retirado, Armando Luchina, declaró que los represores que actuaban allí se jactaban de haber estado detrás de la masacre.
A instancia de la querella de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Rafecas llamó a indagatoria a cuatro policías acusados de haber liberado la zona para que la patota actuara con total impunidad y asesinara a sangre fría a los tres sacerdotes y a los dos seminaristas. Después de una serie de postergaciones logradas por las defensas, está previsto que el lunes comiencen las indagatorias.
Este sábado, a las 19, habrá una misa –presidida por el arzobispo Jorge García Cuerva– en la parroquia de San Patricio para homenajear a los palotinos en el lugar donde vivieron y murieron.
(fuente: https://www.pagina12.com.ar/)
