Por Juan Martín Garay. –
En su primera conferencia de prensa, Ravier defendió la política tarifaria de la administración nacional con una definición que merece ser leída con atención. Dijo: *»Este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer, de decir: ‘te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el costo de la electricidad'»*. Más adelante, frente al impacto que esas decisiones generan en millones de hogares, remató con una frase que tampoco pasó inadvertida: *»Habrá que abrigarse más»*.
No estamos frente a una expresión aislada ni a un simple error de comunicación. Es la exteriorización de una idea de gobierno.
Nadie desconoce que los servicios públicos tienen un costo, ni que el Estado debe administrar responsablemente los recursos. Tampoco puede sostenerse indefinidamente un esquema de subsidios sin evaluar sus consecuencias fiscales. Pero otra cosa muy distinta es afirmar que el único criterio para definir el acceso al gas y a la electricidad debe ser el precio de mercado.
Porque esos servicios no son un bien de consumo cualquiera. No son un lujo ni una elección. Son condiciones básicas para vivir con dignidad. En pleno invierno, el gas no representa un confort; representa calefacción para los adultos mayores, para los niños y para quienes atraviesan enfermedades. La electricidad no es un privilegio; es un servicio esencial para la vida cotidiana de millones de familias.
El problema de las declaraciones del vocero presidencial no es solamente económico. Es profundamente humano.
Cuando la respuesta oficial consiste en decir que las tarifas deben duplicarse porque ese es su costo real, la pregunta inevitable es qué ocurre con quienes no pueden afrontar ese nuevo valor. Jubilados, trabajadores, familias de ingresos medios, pequeños comerciantes y tantos otros argentinos no desaparecen de la realidad porque una planilla de costos cierre mejor.
Gobernar implica mucho más que equilibrar las cuentas públicas. También supone comprender las consecuencias sociales de cada decisión. La eficiencia económica puede ser un objetivo legítimo, pero pierde legitimidad cuando deja de mirar a las personas y convierte la sensibilidad en una variable prescindible.
La Argentina siempre discutió cómo financiar los servicios públicos. Lo que nunca debería discutir es si esos servicios deben seguir siendo accesibles para quienes más los necesitan. Allí radica la diferencia entre considerar al ciudadano como sujeto de derechos o simplemente como consumidor.
Las palabras del vocero presidencial reflejan una visión en la que el mercado aparece como el principal ordenador de la vida social y el Estado se limita a trasladar sus costos a los usuarios. Es una concepción ideológica legítima, pero también profundamente discutible, porque reduce la función pública a una lógica exclusivamente económica y deja en un segundo plano la realidad cotidiana de millones de argentinos.
Un gobierno puede pedir esfuerzos. Lo que no debería hacer es naturalizar que esos esfuerzos recaigan siempre sobre los mismos. Mucho menos cuando se trata de bienes esenciales para una vida digna.
Porque detrás de cada factura de gas o de electricidad no hay solamente números. Hay personas. Y cuando un gobierno deja de verlas, el ajuste deja de ser una política económica para convertirse en una muestra de indiferencia.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
