Con un nuevo decreto, el Gobierno mete la mano en la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia

Con el justificativo de lograr una mayor trasparencia y «modernización» del sistema, el Gobierno nacional modificó el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema. Con el nuevo decreto no se pondrá en consideración la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los aspirantes.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo central de la medida será hacer más transparente el proceso por el cual son propuestos y designados los ministros del máximo tribunal, que actualmente está compuesto por solo tres miembros (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), sobre un total de cinco.

En más de una oportunidad, y sobre todo en campaña, el presidente Javier Milei dijo que no le interesaba designar nuevos jueces. Situación que se modificó cuando el primer mandatario y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redactaron y firmaron el Decreto 467/2026 que modifica dos decretos, el 222 de junio de 2003 y 588 de agosto de ese mismo año.

La modificación tiene un fuerte impacto en aquellos decretos anteriores que datan del gobierno de Nestor Kirchner. La modificación tiene consecuencias en cómo se elegirán a los supremos, ya que elimina las impugnaciones, la participación ciudadana y, sobre todo, en la contemplación de diversidades de género, especialidad y procedencia regional de los propuestos.

El ejecutivo nacional plantea los cambios con la idea de simplificar el procedimiento y “modernizar”, palabra que como en la reforma laboral esconde flexibilización.

Para la actual gestión, las exigencias como  la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los aspirantes son consideradas «criterios adicionales que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional« y cuya valoración debe quedar bajo la «apreciación que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional». Esta decisión le quita valor y contenido a la lucha por la paridad y el federalismo, dejando el camino libre para muchos postulantes que no respondan a la pluralidad de la sociedad argentina.

Asimismo, la medida reduce sensiblemente la publicidad de las candidaturas y la profundidad de las investigaciones patrimoniales. Mientras que la normativa anterior exigía la publicación de antecedentes en dos diarios de circulación nacional, el nuevo texto limita la difusión al Boletín Oficial y a la página web del Ministerio de Justicia, alegando una adaptación a la «dinámica actual de la comunicación».

(FUENTE: https://www.conclusion.com.ar/)