Por Juan Martín Garay. –
En Entre Ríos hay 900 trabajadores que hoy viven con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su futuro laboral. Son 900 familias que esperan respuestas concretas, diálogo genuino y un Estado comprometido con la defensa del empleo.
Sin embargo, mientras la preocupación de estos entrerrianos pasa por conservar su fuente de ingreso, desde el gobierno provincial se utilizan recursos y estructuras de comunicación para difundir una gacetilla empresarial que busca instalar una interpretación unilateral del conflicto.
Más grave aún es que esta tarea sea ejecutada por funcionarios o empleados vinculados al propio Estado. Martín Delaloye, empleado del Museo Provincial de la Imagen y operador de la estructura de prensa gubernamental, aparece como una de las personas encargadas de reproducir y amplificar un mensaje que responsabiliza a los trabajadores por una crisis cuya complejidad excede ampliamente esa simplificación.
La discusión de fondo no debería ser quién gana la batalla comunicacional. La discusión de fondo es cómo se preservan 900 puestos de trabajo y cómo se evita que cientos de familias caigan en una situación de angustia e incertidumbre.
Cuando un gobierno provincial decide involucrarse en el relato de una empresa en medio de un conflicto laboral, corre el riesgo de abandonar la necesaria imparcialidad que debe tener el Estado para convertirse en parte de la disputa. Y cuando eso ocurre, los trabajadores quedan más solos.
Los entrerrianos necesitan un gobierno que convoque, medie y encuentre soluciones. No un gobierno que utilice su aparato de comunicación para señalar culpables mientras cientos de familias esperan respuestas.
La historia demuestra que las crisis laborales se resuelven con diálogo, responsabilidad y compromiso político. Nunca con operaciones de prensa.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
