Hoy, en ciudades como Concepción del Uruguay, una garrafa de 10 kilos puede llegar a costar hasta $22.500 en los puntos de venta al público. En algunos lugares del país, ya supera los $30.000. Y desde el 5 de mayo de 2026 rige un nuevo aumento del 7% en planta distribuidora.
No es casualidad. Es consecuencia directa y verificable de decisiones del Gobierno nacional. La casta era la gente al final de cuentas.
Porque mientras el precio “oficial” sigue existiendo en el marco de programas como el ex Programa Hogar (hoy ReSEF), en la práctica el Estado se corrió: liberó precios, redujo subsidios sin reemplazarlos por una política efectiva, y dejó sin control efectivo a un mercado que hace lo que quiere.
El resultado está a la vista. La gente paga más del doble de lo que debería. Y lo más grave: el consumo cae. No porque sobre, sino porque no alcanza.
Se aproxima el frío y las familias se calefaccionarán menos en el invierno, incluso que empiezan a pedir pagar en cuotas algo tan básico como una garrafa. Hogares sin acceso a gas natural (millones en la Argentina) que quedan a merced de un precio que sube mes a mes sin control.
Eso no es eficiencia económica. Es abandono. Se podrá hablar de orden fiscal, de sinceramiento de precios o de “motosierra energética”. Pero cuando el ajuste llega a la cocina, lo que falla no es el mercado: es el Estado.
La garrafa a más de 20 mil pesos no es un exceso aislado.
Es la consecuencia de un Gobierno nacional que decidió retirarse justo donde más se lo necesita: al lado de las familias que no tienen red de gas, que viven en barrios populares, en ciudades como la nuestra.
Juan Martín Garay
Abogado – Concejal
Concepción del Uruguay
