Por Marianela Marclay, diputada nacional –
El Gobierno celebra números ordenados mientras crece el desorden en la vida cotidiana de millones de argentinos.
El jefe de Gabinete presentó su informe con la tranquilidad de quien muestra cuentas en orden. Un país que, según los números oficiales, crece, consume más y avanza hacia la estabilidad.
Pero ese equilibrio del que hablan no se siente en la calle.
Porque mientras el Gobierno festeja el PBI y el “ancla fiscal”, en la vida real lo que vemos es otra cosa: salarios que no alcanzan, familias endeudadas y una angustia social que crece en silencio. No hay derrame, hay concentración. No hay alivio, hay ajuste.
El equilibrio fiscal que exhiben tiene un costo concreto: se construye recortando derechos, retirando al Estado y dejando a millones de argentinos librados a su suerte.
En salud, el supuesto “rediseño” del Plan Remediar no es más que un corrimiento del Estado nacional. Se trasladan responsabilidades a provincias sin recursos, y el resultado es inmediato: faltan medicamentos en los centros de salud. Lo que para el Gobierno es una decisión administrativa, para la gente es una urgencia sin respuesta.
En educación, la eliminación del incentivo docente implica, en los hechos, una baja salarial. Es un golpe directo a quienes sostienen la escuela pública y una señal clara de hacia dónde va este modelo: menos Estado, menos igualdad, menos futuro.
Las universidades tampoco quedan afuera. El ajuste presupuestario no solo afecta su funcionamiento, también pone en riesgo el acceso a la educación superior como herramienta de movilidad social.
En ciencia y técnica, la llamada “modernización” encubre recortes. Se desarman equipos, se pierde conocimiento, se debilita la capacidad del Estado para anticipar y gestionar problemas complejos, como los derivados de la crisis climática.
En seguridad, las cifras de incautación pueden impresionar, pero no resuelven el problema de fondo. Sin políticas sociales, sin presencia estatal en el territorio, el delito encuentra terreno fértil. No hay estrategia sostenible si se abandonan los barrios.
Lo que este informe deja en evidencia no es solo una política económica, sino una concepción de país.
Un modelo que prioriza el orden de las cuentas por sobre el orden de la vida. Que mide el éxito en porcentajes mientras crece la desigualdad. Que llama eficiencia a lo que, en realidad, es abandono.
Nos quieren convencer de que este es el único camino posible. Pero la Argentina no puede naturalizar que trabajar no alcance, que enfermarse sea un problema económico o que estudiar dependa cada vez más del bolsillo.
Porque cuando el equilibrio fiscal se logra a costa del desequilibrio social, no estamos frente a un logro: estamos frente a un fracaso.
Y ese es un debate que no se puede seguir esquivando.
Fuente: Prensa Marianela Marclay
