A esta altura de las conversaciones para la reforma del sistema previsional entrerriano que se rige por la Ley 8.732, la modificación de la edad jubilatoria ya no encuentra las cerradas resistencias de otros tiempos. Más allá de los posicionamientos públicos, los distintos actores de este proceso la están empezando a aceptar como ineludible.
En principio, el Gobierno pretende equiparar las edades con el sistema nacional, lo que supone pasar de 62 a 65 para los hombres y de 57 a 60 para las mujeres. También se pretende elevar la edad de la jubilación de regímenes especiales de docentes, policías y trabajadores de salud mental. Ese fue el punto de partida del oficialismo, tal como informó el año pasado Página Política,
Ahora se busca incorporar a esta discusión la paridad de género, que rige “en todos los sistemas previsionales del mundo”, según se encargó de marcar el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. En tal caso, varones y mujeres se jubilarían a la misma edad. Pero ese es, por el momento, un tema abierto a la discusión.
Lo otro que se buscará consensuar en las conversaciones que se intensificarán durante el mes de marzo –con la idea de que en abril ya pueda elevarse un proyecto concreto a la Legislatura- es la gradualidad de la suba de la edad jubilatoria.
Aquí también está todo abierto. Podría empezar a aplicarse en 5, en 8, o en 10 años y siempre de a poco. Bagnat busca llevar tranquilidad en este punto al repetir que nada será de un día para el otro y que se buscará asegurar que “todo el mundo pueda programar su vida laboral”.
Razones
Mientras su instrumentación se define, la razonabilidad de la suba de la edad jubilatoria se comprende mejor cuando se presta atención a un dato central de un sistema que se financia en base a aportes.
Hoy, los activos del estado provincial entrerriano aportan 26 años en promedio, mientras que la Caja paga jubilaciones por un promedio de 38 años. “Eso quiere decir que estamos pagando 12 años más de jubilaciones que los aportes que se hicieron”, destaca Bagnat.
A eso se debe sumar que para que el sistema previsional sea equilibrado se necesitarían 3,5 activos aportando por cada pasivo. Hoy esa relación es de 1,8. El número resulta de dividir los 120.000 activos del Estado entrerriano por los 66.500 haberes jubilatorios que paga la Caja provincial.
El 82% móvil supone que el Estado paga 82 pesos a un jubilado por cada 100 pesos que le paga a un activo. Con la relación de 1,8 activos por cada pasivo, los aportes personales y patronales de los activos alcanzan para cubrir 68 pesos de esos 82. Quedan 16 pesos de déficit.
Mensualmente, ese déficit trepa a unos 30.000 millones de pesos. Como los aportes de los activos del Estado provincial no alcanzan para pagar los haberes jubilatorios, todos los entrerrianos -incluidos los que no se van a jubilar por la Caja provincial, con el 82% móvil y que van a tener que trabajar entre tres y diez años más antes de jubilarse- terminan poniendo, con sus impuestos, esos 30.000 millones cada mes.
Entre Ríos es de las pocas provincias que alcanzó acuerdos con Anses para empezar a cobrar adelantos para cubrir parte de ese déficit, tal como informó oportunamente Página Política en la siguiente nota:
Pero Anses no está obligado a cubrir todo el déficit de los 13 sistemas jubilatorios provinciales que no fueron trasferidos a la Nación. Sólo el “déficit simulado”, es decir el que surgiría si el sistema provincial fuera idéntico al sistema nacional.
“Cuando vamos a reclamar a Anses, ellos pasan tu base de datos por la liquidadora de Anses. En ese primer paso, dicen ‘de estos 66 mil jubilados, 30 mil no te los tomo porque no tienen la edad de Nación’”, explica Bagnat. Si los tuviera que liquidar por Anses no los podría jubilar porque todavía no tienen la edad que la ley nacional exige.
Se trata de un argumento muy sólido, porque la suba de la edad aliviaría enormemente la parte del déficit que se cubre con recursos del Tesoro Provincial, es decir, con los impuestos que pagan todos los entrerrianos, más allá de los 120 mil activos y 66 mil pasivos estatales.
Se trata, como se ve, de una reforma que encontraría fácilmente respaldo en el universo de trabajadores que no dependen del Estado y al que viene apuntando en su discurso el propio gobernador Rogelio Frigerio.
En cualquier caso, el sistema no se va a poder sostener por los aportes. Si no se hace nada, la relación de 1,8 activos por cada pasivo tenderá a empeorar por dos razones: no hay perspectiva de aumento en la planta de activos del Estado y los pasivos irán creciendo al ritmo del aumento en la expectativa de vida. En poco tiempo, esa relación será de 1,6 activos por cada pasivo.
La gradual suba de la edad jubilatoria mitigaría un poco ese desequilibrio. Pero no lo solucionaría.
Está claro que el sistema va a seguir siendo deficitario. De lo que se trata es de definir quién paga ese déficit. Nación se hace cargo sólo de lo compatible con su régimen, donde los varones se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Por ahora.
(fuente: https://paginapolitica.com/ )
