Carta de Pablo Molero, Coordinador del FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad al Sr. Presidente de la Nación:
Lamento que en sus discursos no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social.
Sus palabras y sus acciones han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024.
El año pasado vetó la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso. Pero como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución.
Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado.
En noviembre de 2025 su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI el último mes que pagó fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad.
El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones.
Tenga en cuenta que para el antedicho aumento se partió de un arancel que no tenía en cuenta el atraso arancelario del período diciembre 2023 a diciembre 2024, que su gobierno ha reconocido como existente en la respuesta de la Procuración del Tesoro de la Nación al Juez Federal de Campana. Si esto no se corrige los aranceles continúan guardando un atraso que perjudica a los prestadores.
Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya!!!
