En 2025, el Estado argentino profundizó el daño a las personas con discapacidad con un combo de medidas que, lejos de proteger, las empuja a la exclusión y la angustia. El congelamiento de los aranceles para prestaciones básicas —terapias, transporte, educación, acompañantes terapéuticos— dejó a más de 250 mil personas al borde de perder servicios esenciales. Los aranceles, que no se actualizan desde diciembre de 2024, acumulan un atraso del 73% frente a la inflación, y los profesionales se ven obligados a abandonar el sistema porque lo que pagan las obras sociales no les alcanza ni para cubrir gastos mínimos.
A esto se suma la auditoría masiva y poco transparente de pensiones por invalidez, implementada por el gobierno de Javier Milei. El nuevo decreto retoma conceptos perimidos y exige requisitos que ya habían sido declarados inconstitucionales, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre y estrés. La notificación de las auditorías se hace por carta documento, un medio inaccesible para muchos, y se otorgan apenas tres semanas para responder, lo que en la práctica es una trampa para dar de baja a beneficiarios.
Pero el ajuste no es solo económico: el propio presidente y sus funcionarios han instalado discursos violentos y de odio hacia el colectivo de personas con discapacidad. Milei y su entorno han usado la discapacidad como insulto en redes sociales y discursos públicos, reforzando estigmas y discriminación. Ejemplo de esto fue el uso de imágenes y términos despectivos para atacar a adversarios políticos, o expresiones como “mogólico, imbécil, tarado” para referirse a economistas o gobernadores, lo que generó repudios de organizaciones y expertos en discapacidad. Como señaló Pablo Molero, del Foro Permanente Discapacidad, el gobierno “toma la discapacidad como una manera de ofender o desvalorizar a alguien”, profundizando la exclusión y el desprecio social.
Organizaciones y familias denuncian ante la ONU una crisis sin precedentes, mientras el gobierno responde con indiferencia y hasta crueldad. El ajuste no es solo económico: es un retroceso brutal en derechos humanos y en la dignidad de las personas con discapacidad.
Fabián Galarraga, Coordinador Proyecto Imaginarte
